Irene Montero cuestiona la gestión del Gobierno en Ceuta y señala la implicación de Marruecos
La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha instado este miércoles al Gobierno de España a aclarar la naturaleza de su relación con Marruecos tras los episodios de entrada de migrantes registrados a finales de julio en Ceuta. Montero ha acusado al Ejecutivo de «mentir» sobre el papel del reino alauí en la gestión fronteriza y ha calificado de «criminal» la actual política migratoria, tanto a nivel nacional como europeo.
En declaraciones a los medios de comunicación antes de asistir a la concentración «Paremos los pies al racismo» en la plaza de Callao, en Madrid, la dirigente de Podemos ha afirmado que Marruecos está «metido hasta las cejas» en la crisis migratoria de la ciudad autónoma. Según Montero, resulta inexplicable que el Gobierno mantenga la defensa de lo que ha denominado como la «dictadura marroquí» ante la evidencia de los hechos ocurridos en la frontera.
La representante parlamentaria ha reprochado que se sigan destinando recursos públicos a Marruecos para que realice labores de control fronterizo que, a su juicio, constituyen un «trabajo sucio». Montero ha argumentado que España ha otorgado un poder excesivo al país vecino a través de políticas que priorizan la externalización de fronteras sobre el cumplimiento de los derechos humanos y las obligaciones de protección internacional.
Durante su intervención, Montero ha propuesto como solución aplicar a la crisis en Ceuta los mismos criterios de acogida que se adoptaron con los refugiados de Ucrania. La dirigente ha subrayado que la asistencia y protección es un «deber legal del Estado español» que actualmente se está desatendiendo. Para la secretaria política de Podemos, la situación de saturación en los servicios públicos ceutíes es el resultado de una «inacción calculada» que genera una crisis humanitaria y fomenta discursos de odio.
Finalmente, Montero ha defendido la necesidad de garantizar la igualdad de todas las personas y ha reivindicado la lucha contra el racismo como un pilar fundamental de la convivencia en España. Estas declaraciones se producen en un contexto de creciente debate político sobre la eficacia de los acuerdos de cooperación en materia migratoria entre Madrid y Rabat, y tras los recientes informes que analizan el cambio de postura del Ejecutivo respecto a la vigilancia fronteriza.
