Italia aprueba un decreto de seguridad que permite la detención preventiva de menores
El Consejo de Ministros de Italia ha aprobado este martes un nuevo decreto de «seguridad juvenil» que introduce cambios significativos en el ordenamiento jurídico penal del país. La normativa, de aplicación inmediata, faculta a las fuerzas de seguridad para aplicar la detención preventiva a menores de edad, una figura legal que hasta el momento estaba reservada exclusivamente para los adultos, y crea el tipo penal de «participación violenta en manifestaciones».
La medida surge como respuesta gubernamental a la ola de protestas y disturbios registrados en diversas ciudades italianas durante los últimos días. Según explicó la presidenta del Consejo de Ministros, Giorgia Meloni, el decreto busca dotar al Estado de herramientas más eficaces para el control del orden público, tras meses de deliberación sobre la extensión de la detención preventiva a la población joven.
Bajo el nuevo marco normativo, las fuerzas del orden cuentan con la potestad de retener a menores de 18 años en dependencias policiales por un periodo máximo de 12 horas. Esta acción podrá llevarse a cabo incluso si no existe una comisión de delito flagrante, siempre que las autoridades cuenten con pruebas que acrediten que el menor representa un peligro potencial para la seguridad ciudadana.
Asimismo, el decreto tipifica de manera específica el delito de participación violenta. La ley establece que cualquier individuo que, integrado en un grupo de cinco o más personas, lance objetos contundentes como palos o piedras que pongan en riesgo la integridad de terceros, podrá ser sancionado con penas de hasta cinco años de prisión. Las sanciones económicas vinculadas a este delito podrán alcanzar los 20.000 euros.
Durante la presentación de la norma a través de canales oficiales, la jefa del Ejecutivo italiano subrayó el principio de responsabilidad penal y civil, señalando que las carencias sociales o el malestar de los manifestantes no pueden ser utilizados como pretexto para el ejercicio de la violencia. La mandataria enfatizó que el cumplimiento de la ley debe ser garantizado de forma rigurosa, extendiendo la responsabilidad a los tutores legales en determinados supuestos.
La aprobación de este paquete de medidas ha generado reacciones inmediatas en el arco parlamentario. Mientras el Gobierno defiende la necesidad de restaurar el principio de autoridad, los grupos de la oposición han cuestionado la proporcionalidad del decreto, advirtiendo sobre las implicaciones de aplicar criterios de detención preventiva a menores de edad sin una imputación delictiva previa.
