Izquierda Unida solicita la intervención del Defensor del Pueblo tras la suspensión cautelar del voto para los nacionalizados por la ‘Ley de Nietos’

La federación exterior de Izquierda Unida (IU) ha hecho un llamamiento a la movilización ciudadana y ha instado a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo a interponer recursos de amparo frente a la reciente decisión del Tribunal Supremo. El Alto Tribunal ha dictado la suspensión cautelar del derecho al voto para aquellas personas inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que obtuvieron la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como la ‘ley de nietos’.

A través de un comunicado oficial, la organización política ha calificado la resolución judicial de «inédita» y ha advertido sobre la gravedad que supone, a su juicio, la restricción de un derecho fundamental. IU sostiene que la medida cautelar carece de una base probatoria sólida que justifique un peligro real para la integridad del censo electoral, argumentando que no se ha demostrado de qué manera estas inscripciones podrían alterar el sentido de los resultados en los próximos comicios.

La formación subraya que la credibilidad del Tribunal Supremo se ve comprometida al basar su decisión en lo que consideran «motivos espurios». Según expone la sección exterior de IU, la sugerencia de una posible manipulación electoral es una afirmación que requeriría indicios claros y contrastados, los cuales, aseguran, no han sido presentados en el auto judicial.

Para contextualizar el impacto del sufragio desde el extranjero, Izquierda Unida ha aportado datos sobre la participación histórica en el CERA. La organización recuerda que la concurrencia a las urnas de los residentes en el exterior se sitúa habitualmente en torno al 10%, y que el peso de sus votos no suele superar el 1,5% del total nacional. Bajo esta premisa, el partido sostiene que la influencia de este colectivo en el resultado final es mínima y que no justifica una medida de tal excepcionalidad.

Finalmente, el comunicado incide en que la ciudadanía española residente fuera de las fronteras nacionales rechaza ser objeto de teorías sobre irregularidades electorales. IU concluye que el auto judicial no busca corregir una anomalía legal, sino que contribuye a sembrar incertidumbre sobre el proceso democrático en el exterior, afectando la estabilidad institucional del sistema de votación para los españoles residentes en el extranjero.