El partido político Iustitia Europa ha formalizado ante el Tribunal Constitucional un escrito de oposición urgente contra la medida cautelarísima solicitada por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. La formación busca que se mantengan vigentes las resoluciones de la Sala Tercera del Tribunal Supremo relativas a las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de los ciudadanos nacionalizados mediante la Ley de Memoria Democrática, conocida como la ‘ley de nietos’.
La controversia jurídica surge tras el recurso de amparo interpuesto por el Defensor del Pueblo, quien considera que la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente el derecho al voto de estos nuevos nacionales afecta a derechos fundamentales. Gabilondo, atendiendo a peticiones de particulares y entidades, ha solicitado al Tribunal Constitucional una resolución inmediata que revierta la interpretación del Alto Tribunal antes de la cita electoral prevista para el próximo 29 de noviembre.
Iustitia Europa, parte personada en el proceso, advierte en su escrito que suspender las resoluciones del Supremo en este momento procesal alteraría de forma sustancial el régimen de las elecciones generales. Según la formación, la adopción de una medida de estas características sin oír a las partes generaría efectos «consumados e irreversibles» sobre el proceso de voto en el exterior, antes incluso de que exista margen para un debate jurídico sobre el fondo del asunto.
El origen del conflicto se sitúa en la denuncia presentada por Iustitia Europa el pasado 28 de junio ante la Junta Electoral Central, cuestionando la instrucción que desarrollaba la disposición adicional octava de la Ley 20/2022. Tras el recurso ordinario ante el Supremo, el tribunal dictó medidas cautelares el 10 de septiembre, las cuales fueron ratificadas el 12 de octubre al desestimarse los recursos de reposición presentados por la Administración General del Estado y el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa y director de su equipo letrado, ha defendido la legitimidad de la vía judicial ordinaria seguida hasta la fecha. Pardo sostiene que revertir la situación mediante la jurisdicción constitucional sin audiencia previa supondría «alterar una situación jurídica construida dentro de la legalidad ordinaria» y vulnerar la seguridad jurídica necesaria en todo proceso electoral ya iniciado.
Desde la formación se subraya que la iniciativa del Defensor del Pueblo coincide materialmente con la posición defendida por el Ejecutivo, que ya vio rechazadas sus pretensiones ante el Tribunal Supremo. En este sentido, el escrito presentado advierte de que el uso de la vía cautelarísima para sustituir el criterio de la Sala Tercera podría sentar un precedente de gravedad institucional en el equilibrio entre las distintas jurisdicciones del Estado.
Finalmente, Iustitia Europa ha solicitado formalmente al Tribunal Constitucional que mantenga la vigencia de los autos de septiembre y octubre, que establecen un mecanismo de certificación consular individualizada. Con carácter subsidiario, el partido reclama que, en caso de considerarse cualquier modificación provisional, se proceda a tramitar la audiencia preceptiva y urgente de todas las partes personadas y del Ministerio Fiscal.
