Iustitia Europa interpone una denuncia penal en Ceuta para desarticular las redes de tráfico de personas hacia la Península
El partido político extraparlamentario Iustitia Europa, representado por su presidente Luis María Pardo, ha formalizado una denuncia penal ante la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia de Ceuta. La formación solicita una investigación integral sobre las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de personas que operan entre la ciudad autónoma y la Península, instando a las autoridades a actuar contra toda la cadena de mando de estas redes criminales.
La denuncia no se limita a los ejecutores materiales de los traslados, sino que reclama la identificación y persecución de los captadores, organizadores, patrones, financiadores y responsables económicos de las estructuras que operan a ambas orillas del Estrecho. Según la formación, la situación actual permite que grupos organizados gestionen la salida de personas de Ceuta de manera clandestina, eludiendo los controles estatales y los cauces legales de extranjería.
Entre los hechos documentados en la denuncia se detalla una travesía en la que siete personas fueron transportadas en una embarcación de apenas cinco metros durante cinco horas. El trayecto, de unos 40 kilómetros, se realizó sin chalecos salvavidas y con la embarcación quedando a la deriva en varios momentos. Iustitia Europa cifra el coste de estos servicios en 8.000 euros por persona, lo que supone un beneficio de 56.000 euros por cada viaje detectado.
Luis María Pardo ha calificado la situación de «extrema gravedad», señalando que las mafias están ocupando un espacio de control que debería pertenecer exclusivamente al Estado. «No puede ser que unas organizaciones criminales estén decidiendo quién sale de Ceuta, cuánto paga, cómo cruza el Estrecho y dónde acaba en la Península», sostuvo el presidente de la formación, quien exige una respuesta inmediata por parte del Gobierno de España ante lo que considera una «descongestión por la puerta de atrás» de la presión migratoria local.
Iustitia Europa considera insuficiente que las investigaciones judiciales y policiales terminen habitualmente con la detención de los pilotos de las embarcaciones. Por ello, la denuncia pone el foco en la necesidad de desmantelar la infraestructura económica que sustenta el negocio, identificando a quienes coordinan la llegada a la Península y gestionan los pagos de los inmigrantes.
Esta acción penal se suma a la estrategia jurídica de «triple vía» iniciada por el partido tras los acontecimientos del 30 de julio. Actualmente, la formación mantiene abiertos procedimientos en la Audiencia Nacional, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la Comisión Europea. Esta última institución ha recordado recientemente que el Derecho de la Unión permite efectuar retornos a Marruecos siempre que se cumplan los procedimientos y las garantías legales establecidas.
Con esta nueva denuncia, el partido busca que el Ejecutivo afronte la realidad de la frontera sur y garantice que el control fronterizo no sea delegado de facto en manos de redes ilícitas. La formación concluye que es imperativo que el Estado recupere la autoridad plena en la gestión migratoria, persiguiendo a las mafias y aplicando la legislación vigente en materia de retornos y seguridad fronteriza.
