Iustitia Europa solicita al Tribunal Supremo la suspensión cautelar de las elecciones generales del 29-N
La formación política Iustitia Europa ha presentado un escrito ante el Tribunal Supremo en el que solicita la suspensión cautelar de las elecciones generales convocadas para el próximo 29 de noviembre. El partido fundamenta su petición en el riesgo de que los comicios se celebren con un censo electoral que califican de «adulterado», derivado de la imposibilidad técnica de cumplir con las resoluciones judiciales previas sobre las inscripciones de beneficiarios de la denominada Ley de Nietos.
Esta acción legal se produce después de que la Abogacía del Estado reconociera ante el Alto Tribunal la «imposibilidad material» de ejecutar las medidas cautelares acordadas por el propio Supremo el pasado 10 de septiembre. Dichas medidas exigían la revisión de las inscripciones en el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA) de miles de ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad española a través de la mencionada legislación, un proceso que los servicios jurídicos del Gobierno consideran inviable dentro del actual calendario electoral.
Según la documentación aportada al Tribunal, existen 163.020 electores en el censo cerrado a 1 de agosto cuya situación administrativa debe ser examinada. La Abogacía del Estado ha advertido que no dispone de herramientas informáticas para identificar automáticamente a los afectados, lo que obligaría a una revisión manual de los expedientes de nacionalidad y su cruce con los registros consulares antes del cierre definitivo del censo, previsto para el 12 de octubre.
Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa, sostiene que la convocatoria electoral ha precipitado una situación de inseguridad jurídica que compromete la legitimidad de las instituciones. «Tenemos una resolución cautelar vigente que afecta directamente a los efectos electorales y a la propia Abogacía del Estado diciendo que existe una imposibilidad material de ejecutarla», ha señalado Pardo, justificando la solicitud de aplazamiento por el tiempo «estrictamente necesario» para garantizar el cumplimiento del auto judicial.
La formación advierte de que celebrar la votación sin depurar el censo podría vulnerar los derechos fundamentales y abrir la puerta a impugnaciones posteriores que comprometerían los resultados. En su escrito, subrayan el riesgo jurídico que supone tanto permitir el voto de personas cuya inscripción está cautelarmente suspendida como privar del derecho de sufragio a ciudadanos que, tras la revisión, resulten ser electores legítimos.
Como medida subsidiaria, en caso de que el Tribunal Supremo desestime el aplazamiento de la cita electoral por considerarlo desproporcionado, Iustitia Europa propone una alternativa técnica. La formación insta a que se ordene a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral la identificación informática de los 163.020 registros bajo sospecha. El objetivo de esta medida sería garantizar la trazabilidad de dichos votos durante el escrutinio para permitir una fiscalización posterior sin interrumpir el proceso democrático.
Desde el partido insisten en que el problema ha dejado de ser teórico para convertirse en una urgencia administrativa ante el avance del cronograma electoral. Iustitia Europa ya había alertado sobre estas posibles irregularidades ante la Junta Electoral Central el pasado 28 de junio, meses antes de la convocatoria oficial de los comicios por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El Tribunal Supremo deberá ahora decidir si atiende la medida cautelarísima solicitada o si, por el contrario, mantiene la fecha de los comicios del 29 de noviembre, evaluando el impacto que la imposibilidad de ejecutar la revisión del censo CERA pueda tener sobre las garantías del proceso electoral y el principio de seguridad jurídica.
