El Juzgado de Instrucción 4 de Valencia cita como investigado al excomisionado de la DANA por presunta falsedad documental
El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha acordado la citación en calidad de investigado de José María Ángel, excomisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la DANA, para el próximo viernes 22 de mayo. La decisión judicial se produce en el marco de una investigación por un presunto delito de falsedad documental relacionado con el título académico con el que el exalto cargo promocionó como funcionario en la Diputación de Valencia.
Esta resolución judicial llega después de que la Audiencia Provincial de Valencia aceptara los recursos presentados por el sindicato Manos Limpias y la propia Diputación de Valencia, así como de forma parcial el del Ministerio Fiscal. Estos recursos fueron interpuestos contra la decisión inicial del magistrado de desestimar la causa al considerar que el presunto delito, derivado de la supuesta falsificación de un título de diplomado en archivística y biblioteconomía en el año 1983, ya había prescrito.
Sin embargo, el tribunal de la Audiencia Provincial revocó dicha decisión, dejando sin efecto el sobreseimiento de las actuaciones y ordenando el inicio formal de la instrucción. Con este mandato, el juez instructor ha procedido a reactivar las diligencias para esclarecer si el documento utilizado para la promoción interna en la administración pública fue alterado de forma ilícita.
José María Ángel presentó su dimisión como comisionado para la reconstrucción el pasado 31 de julio, tras la polémica generada por su titulación. La controversia se originó a raíz de un informe emitido por la Agencia Valenciana Antifraude, en el cual se afirmaba que el entonces funcionario habría empleado un título «presumiblemente falso» para consolidar su posición en la Diputación de Valencia hace más de cuatro décadas.
En la providencia notificada este martes, el magistrado ha formalizado la citación del excomisionado a través de su representación legal. La comparecencia del próximo 22 de mayo marcará el inicio de la fase de declaraciones en un proceso que busca determinar la veracidad de los hechos denunciados y las posibles responsabilidades penales derivadas del historial administrativo del investigado.
