El Congreso inicia el trámite para suprimir los recortes en la jubilación anticipada con 40 años cotizados

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado la toma en consideración de una proposición de ley destinada a eliminar los coeficientes reductores de la pensión para aquellos trabajadores que acrediten una carrera de cotización de 40 años o más. La iniciativa, impulsada por el grupo parlamentario Podemos, ha contado con el respaldo mayoritario de la Cámara, incluyendo el voto favorable del PSOE, lo que permite iniciar un proceso legislativo que busca proteger la cuantía de las prestaciones de quienes acceden a la jubilación antes de la edad ordinaria tras largas trayectorias laborales.

La propuesta normativa plantea que haber cotizado durante al menos cuatro décadas sea condición suficiente para evitar las penalizaciones económicas que actualmente se aplican sobre la base reguladora. Esta medida tendría un alcance integral, ya que afectaría tanto a la jubilación anticipada por causas involuntarias como a la modalidad voluntaria. No obstante, el inicio de esta tramitación parlamentaria no supone un cambio inmediato en la normativa vigente; el texto deberá superar ahora el periodo de enmiendas y los debates en comisión antes de su posible aprobación definitiva y entrada en vigor.

Uno de los pilares de la proposición es su carácter retroactivo parcial. El texto contempla que las personas que ya se encuentran jubiladas y que sufren recortes en sus pensiones tras haber cotizado más de 40 años puedan solicitar una revisión de su prestación. Según el diseño actual de la propuesta, la Seguridad Social procedería a un nuevo cálculo de la cuantía conforme a las nuevas reglas, aunque el incremento económico resultante solo tendría efectos desde el momento de la solicitud, sin reconocer el abono de los atrasos dejados de percibir desde la fecha de jubilación.

El debate parlamentario ha puesto de manifiesto las diferentes posturas de los grupos respecto al diseño técnico y la sostenibilidad de la medida. Grupos como Sumar, a pesar de apoyar el trámite, han señalado la necesidad de flexibilizar el umbral de los 40 años para evitar situaciones de «rigidez» en las que un trabajador con una cotización ligeramente inferior quede excluido de la mejora. Por su parte, el Partido Popular y Vox han expresado reservas, centrando sus críticas en la falta de un análisis de impacto económico detallado en el texto original y cuestionando la extensión de la medida a las jubilaciones de carácter voluntario.

El impacto presupuestario de la reforma se perfila como uno de los principales puntos de controversia durante el proceso legislativo. Estimaciones previas del Gobierno sitúan el coste de eliminar estas penalizaciones en aproximadamente 3.358 millones de euros anuales. De este total, unos 2.013 millones corresponderían a jubilaciones anticipadas forzosas, mientras que los 1.345 millones restantes se derivarían de las jubilaciones voluntarias, un aspecto que genera especial debate sobre el equilibrio financiero del sistema público de pensiones.

Con este primer paso, el Congreso abre un periodo de negociación en el que se deberán definir aspectos clave como el umbral definitivo de años cotizados, el tratamiento de la retroactividad y la financiación del coste previsto. La resolución de estas incógnitas determinará el alcance final de una reforma que busca reconocer las largas carreras de cotización, pero que aún debe armonizar las demandas sociales con la sostenibilidad de las cuentas de la Seguridad Social.