El Congreso convalida el decreto para la jubilación parcial de empleados públicos y la mejora del plus de residencia en Baleares
El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves el Real Decreto-ley que regula la jubilación parcial del personal laboral de las Administraciones Públicas y establece un incremento en el plus por residencia para los funcionarios de la Administración General del Estado destinados en las Illes Balears. La norma ha salido adelante con 167 votos a favor, 37 en contra y 144 abstenciones, contando con el respaldo del bloque de la investidura y la abstención del Grupo Popular.
Tras la votación de convalidación, la Cámara ha acordado unánimemente que la iniciativa se tramite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Esta vía permitirá a los grupos parlamentarios presentar enmiendas al texto original para ajustar los mecanismos de relevo generacional y compensación territorial en el sector público.
El decreto tiene como objetivo principal desbloquear la contratación de relevistas para sustituir al personal laboral que accede a la jubilación parcial. La reforma de pensiones previa exigía que estos contratos fueran indefinidos, una condición que colisionaba con los principios de acceso a la función pública mediante oposición o concurso. Con la nueva norma, se autoriza la contratación temporal de relevistas desde la fecha de jubilación parcial hasta un máximo de dos años después de que esta finalice.
Durante su intervención, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha subrayado que la medida es «de justicia social» y mejorará la situación de 11.000 empleados públicos en Baleares, además de miles de laborales en todo el territorio nacional. López ha defendido la gestión del Ejecutivo asegurando que ya se han incorporado 854 plazas para relevistas fijos en la oferta de empleo público de 2026, pero ha remarcado la necesidad de este decreto para atender las necesidades inmediatas.
Desde la oposición, el Partido Popular ha mantenido una postura crítica a pesar de su abstención. El diputado Ángel Ibáñez ha reprochado al Gobierno la falta de «estrategia y planificación», calificando la medida como un parche para solucionar una «avería» provocada por la propia reforma del contrato de relevo. Ibáñez ha sostenido que la gestión integral de la Función Pública deberá ser abordada por un nuevo Ejecutivo.
Por otro lado, Vox y Podemos han votado en contra de la convalidación. La portavoz de Podemos, Ione Belarra, ha supeditado su apoyo a cualquier reforma de empleo público a una solución definitiva para el problema de la interinidad en las administraciones. Por su parte, el diputado de Vox, Emilio del Valle, ha justificado su rechazo alegando una falta de confianza política en el Ejecutivo. Ante estas posiciones, el ministro López ha apelado a la responsabilidad de los grupos para combatir la temporalidad, especialmente en las comunidades autónomas, donde se concentran las mayores tasas de interinidad.
