Jucil reclama la dimisión de la cúpula de la Guardia Civil tras la imputación del DAO
La asociación Justicia para la Guardia Civil (Jucil) ha solicitado formalmente este lunes la dimisión del Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas, y de la directora general de la institución, Mercedes González. La organización considera «incompatible» la continuidad de Llamas en su puesto tras ser imputado en el marco del caso Leire Díez por presuntos delitos de obstrucción a la justicia y prevaricación.
La petición de la asociación se fundamenta en la aplicación del artículo 92 de la Ley de Personal de la Guardia Civil. Dicho precepto legal prevé la suspensión de funciones como medida cautelar cuando un agente se encuentra inmerso en un procedimiento penal o disciplinario por hechos de especial gravedad, con el objetivo de garantizar la integridad del servicio y proteger la imagen pública de la institución armada.
Jucil ha calificado los hechos investigados como de «extraordinaria gravedad», argumentando que las pesquisas afectan presuntamente a la utilización de la estructura jerárquica y disciplinaria del cuerpo para interferir en las funciones de las unidades de Policía Judicial. Según la asociación, estas acciones habrían tenido como fin condicionar investigaciones de especial relevancia que se encontraban en curso.
En su comunicado, la organización profesional ha contrastado la situación de la alta dirección con la presión disciplinaria ejercida sobre la escala operativa. Según los datos facilitados por Jucil, durante el periodo de 2025 se han registrado un total de 1.014 expedientes disciplinarios a guardias civiles. De este conjunto, 185 fueron calificados como faltas muy graves, derivando en la suspensión de empleo de 64 agentes y la separación definitiva del servicio de otros seis.
Para la asociación, estas cifras reflejan un «elevado nivel de exigencia disciplinaria» que, a su juicio, debería aplicarse con la misma rigurosidad en los niveles de mando superior. En este sentido, han criticado la postura del DAO tras haber manifestado que su lealtad «se debe a quien le designa». Jucil ha subrayado que el compromiso de los mandos debe estar vinculado exclusivamente a la institución y al interés general, por encima de los cargos políticos temporales.
La situación genera un nuevo escenario de tensión institucional en el seno de la Guardia Civil, a la espera de que el Ministerio del Interior o la Dirección General se pronuncien sobre las medidas cautelares solicitadas para el máximo responsable operativo del cuerpo.
