La Justicia requiere al Ayuntamiento de Alicante el expediente completo de la promoción de viviendas en Les Naus

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante ha emitido una providencia este martes en la que solicita con carácter de urgencia información detallada al Ayuntamiento de Alicante y a la cooperativa promotora del residencial Les Naus, ubicado en la Playa de San Juan. La magistrada investiga presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación de terrenos municipales destinados a la construcción de viviendas de protección pública (VPP).

A instancias del Ministerio Fiscal, la magistrada ha requerido al consistorio alicantino la remisión del expediente íntegro relativo a la licitación y adjudicación de la parcela municipal de 8.618 metros cuadrados sobre la que se asienta el complejo. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la diligencia judicial busca esclarecer los pormenores administrativos del proceso de enajenación del suelo público.

La providencia judicial también extiende sus requerimientos a la cooperativa de Les Naus. La entidad deberá facilitar al juzgado las actas de su constitución en junio de 2018, los documentos de sus juntas generales y consejos rectores, así como el listado completo de sus socios constituyentes. Asimismo, se ha solicitado la entrega de los contratos privados suscritos entre la cooperativa y tres sociedades mercantiles que participaron en el desarrollo del proyecto residencial.

Por otro lado, la jueza ha atendido la solicitud de la defensa de María Pérez-Hickman, exdirectora general municipal y antigua jefa del Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Alicante. En este sentido, la corporación local deberá aportar dos expedientes adicionales vinculados al procedimiento de enajenación de la parcela, incluyendo todos los antecedentes administrativos registrados desde el año 2016.

El juzgado ha fijado un plazo para la recepción de estos documentos previo a las declaraciones judiciales señaladas para el próximo 20 de mayo. Con esta medida, la instrucción busca consolidar la prueba documental antes de proceder a los interrogatorios de los principales investigados en la causa, en el marco de una investigación que trata de determinar la transparencia y legalidad en la gestión de los recursos patrimoniales del municipio.