La Justicia inhibe el «caso Leire» a la Audiencia Nacional ante posibles indicios contra la cúpula del PSOE
El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, ha dictado un auto por el que se inhibe en favor del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, dirigido por Santiago Pedraz, para la continuación de las investigaciones del denominado «caso Leire». El magistrado instructor fundamenta su decisión en la existencia de indicios que apuntan a que personas con un «mayor nivel de jerarquía» podrían estar implicadas en la trama, más allá de los tres investigados principales sobre los que se ha centrado la causa hasta la fecha.
La resolución judicial señala que la investigación, desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, apunta a una presunta red conformada por políticos, militantes, abogados y empresarios. El objetivo de este entramado habría sido la desestabilización de procesos judiciales que afectan al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y al Gobierno de la Nación. Según el auto, las diligencias acumuladas sugieren una estructura que excede la capacidad de un juzgado de instrucción territorial, requiriendo una jurisdicción centralizada para garantizar la agilidad y el rigor de la causa.
Entre los nombres citados en el escrito de inhibición destaca el de Santos Cerdán, actual secretario de Organización del PSOE. Aunque inicialmente compareció como testigo, el magistrado subraya que la documentación intervenida sugiere que Cerdán habría prestado «impulso y soporte intelectual y/o financiero» a la actividad de Leire Díez. El juez apunta que el secretario de Organización podría haber acordado remunerar los servicios de Díez mediante el uso de fondos de la formación política, utilizando supuestamente sociedades mercantiles como vehículos para canalizar los pagos.
Asimismo, el auto menciona a la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes, como la presunta responsable de emitir las órdenes de encargo que habrían dado cobertura a «facturas mendaces». Estas operaciones contables habrían permitido la transferencia de capitales desde el partido hacia Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset. La investigación también señala a otros colaboradores, como Gaspar Zarrías, Jacobo Teijelo e Ismael Oliver Romero, por la presunta cesión de sus estructuras empresariales para facilitar estos movimientos financieros.
Los hechos investigados por la UCO indican que Leire Díez habría ofrecido remuneraciones y favores a funcionarios de la Guardia Civil y del Ministerio Fiscal. Estas acciones buscaban presuntamente obtener información confidencial o forzar actos contrarios al ejercicio de sus funciones para neutralizar las pesquisas judiciales en curso. Para el juez Zamarriego, estos delitos de tráfico de influencias y cohecho están «indisolublemente unidos» a las causas que ya se tramitan en la Audiencia Nacional bajo la dirección del juez Pedraz.
El magistrado concluye que la existencia de un «importante entramado delictivo» hace necesaria una investigación integral que determine la titularidad real de los fondos recibidos por los investigados. La decisión de inhibición cuenta con el criterio favorable de la Fiscalía y de las acusaciones personadas, quienes coinciden en que la Audiencia Nacional es el órgano competente para concretar las responsabilidades de aquellos que podrían ocupar puestos de relevancia en la jerarquía de la trama.
