La Audiencia Nacional requiere el registro de llamadas entre el presidente de Ceuta y el Palacio de la Moncloa

La magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha dictado una providencia en la que solicita a la representación procesal de la Ciudad Autónoma de Ceuta la entrega urgente del registro de llamadas telefónicas efectuadas por su presidente, Juan Jesús Vivas. El requerimiento se centra en las comunicaciones mantenidas con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o su jefe de Gabinete, durante el periodo comprendido entre el 27 y el 30 de julio.

Esta diligencia judicial se enmarca en la instrucción que dirige el Juzgado Central de Instrucción número 3 sobre los presuntos delitos derivados de la entrada masiva de personas migrantes en la ciudad autónoma durante el pasado periodo estival. La jueza busca esclarecer el contenido y la frecuencia de los contactos institucionales mantenidos entre la administración autonómica y el Ejecutivo central en los días clave de la crisis.

El requerimiento, calificado por la magistrada como de «mayor urgencia», insta a la administración ceutí a facilitar de forma pormenorizada el listado de las conexiones telefónicas realizadas en las fechas señaladas. La investigación trata de determinar si se produjeron irregularidades administrativas o penales en la gestión de los flujos migratorios y en las decisiones adoptadas por las autoridades competentes en el marco de dicha emergencia.

Hasta el momento, la representación de la Ciudad Autónoma de Ceuta no ha emitido una valoración oficial sobre la petición judicial, si bien el procedimiento administrativo para la entrega de dicha documentación ya se encuentra en curso conforme a los cauces procesales habituales. La Audiencia Nacional continúa con la práctica de pruebas testificales y documentales para delimitar las responsabilidades en la gestión de la frontera terrestre.

Este movimiento judicial coincide con otros procesos abiertos en la Audiencia Nacional que afectan a la gestión de fronteras y a la actuación de cargos públicos en materia de justicia e interior. El avance de la instrucción determinará si los registros de estas comunicaciones aportan indicios relevantes para la causa que investiga la entrada de ciudadanos extranjeros en territorio nacional durante el pasado verano.