El juez Pedraz mantiene bajo custodia judicial el teléfono móvil de Juan Manuel Serrano
El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha dictado un auto por el cual se acuerda mantener bajo custodia judicial el dispositivo móvil de Juan Manuel Serrano, quien fuera jefe de gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y expresidente de la entidad pública Correos. Esta resolución supone la revocación de una providencia anterior, fechada el pasado 7 de septiembre, que autorizaba la devolución del terminal a su propietario.
La decisión judicial responde a la estimación de un recurso de reforma interpuesto por el Ministerio Fiscal, al que se adhirió la Acusación Popular Unificada. La defensa de Serrano se había opuesto a dicha impugnación, solicitando la entrega del dispositivo tras haberse realizado ya un volcado de la información contenida en el mismo. Sin embargo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 ha determinado que el terminal debe permanecer a disposición de la justicia.
En el razonamiento jurídico del auto, el juez Pedraz subraya que, a pesar de la existencia de una copia forense del contenido, el dispositivo físico sigue siendo una «fuente material de prueba» necesaria para el proceso. El magistrado argumenta que la conservación del original es fundamental para permitir eventuales comprobaciones adicionales, cotejos de integridad o nuevos análisis periciales que puedan requerirse conforme avance la investigación de los hechos.
La resolución destaca la «conexión objetiva» del dispositivo con las actuaciones judiciales en curso. Según el juzgado, el hecho de que se haya procesado digitalmente la información no obliga a la devolución automática del hardware, puesto que mantener la fuente original garantiza la trazabilidad y la validez de los datos digitales incorporados a la causa penal.
Juan Manuel Serrano fue imputado el pasado 10 de julio a raíz de un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Las diligencias investigan dos líneas principales: una presunta trama de influencias destinada a interferir en causas judiciales y una red de supuestas comisiones irregulares en la adjudicación de contratos públicos, vinculada en última instancia a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Los investigadores sostienen que Serrano habría colaborado de forma estrecha con la exmilitante socialista Leire Díez en actividades orientadas a la desestabilización de procesos judiciales. Asimismo, se analiza su papel en la contratación de Díez en Correos, operación que, según las pesquisas de la UCO, habría facilitado la gestión de un contrato por el cual se habrían percibido comisiones ilícitas, afectando a otras figuras de la administración pública.


