La Audiencia Nacional extiende la investigación sobre Plus Ultra hasta finales de mayo
El magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, ha dictado un auto por el que prorroga la instrucción de la causa contra la aerolínea Plus Ultra hasta el próximo 28 de mayo. La resolución judicial incluye asimismo la extensión del secreto de las actuaciones, una medida que debía concluir originalmente el 28 de abril, con el objetivo de salvaguardar el avance de las pesquisas sobre un presunto delito de blanqueo de capitales.
La investigación se centra en el posible uso irregular de los 53 millones de euros procedentes del rescate público otorgado a la compañía. Según los indicios recabados por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, parte de estos fondos podrían haber sido instrumentados para el blanqueo de dinero derivado de tramas de corrupción en Venezuela. Este giro en la causa motivó que la Audiencia Nacional asumiera la competencia el pasado 3 de marzo.
El procedimiento judicial ha atravesado diversas etapas procesales desde su inicio en los juzgados ordinarios de Madrid. Inicialmente, el Juzgado de Instrucción número 15 de la capital investigó el rescate financiero, aunque la causa fue archivada con el visto bueno de la Audiencia Provincial. No obstante, el hallazgo de nuevas evidencias por parte de los organismos de control permitió la reapertura del caso y su posterior traslado a la jurisdicción central debido a la dimensión transnacional de los delitos investigados.
En el marco de las diligencias más recientes, la UDEF llevó a cabo una operativa en diciembre de 2025 que se saldó con la detención —y posterior puesta en libertad— del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, un abogado y el empresario Javier Martínez Martínez. Durante estas intervenciones, los agentes de la autoridad accedieron a las oficinas centrales de la compañía para recabar documentación fiscal y contable cuya complejidad ha requerido un análisis técnico pormenorizado.
Fuentes jurídicas indican que el análisis de la información intervenida ha llevado al magistrado a considerar que el asunto presenta ramificaciones más extensas de las que se desprendían de la querella inicial. La prórroga de la instrucción permitirá a los peritos judiciales y a los agentes de la UDEF completar el rastro de los flujos monetarios y determinar el alcance de la presunta red de blanqueo, garantizando así la integridad de un proceso que continúa bajo estricta reserva judicial.
