Un juzgado de Madrid rechaza citar a cargos del PSOE como testigos en la causa contra Leire Díez
El magistrado Arturo Zamarriego, titular del juzgado que instruye la primera causa contra la exmilitante socialista Leire Díez en Madrid, ha ratificado su negativa a citar como testigos al diputado Juan Francisco Serrano y al exdirector de comunicación del PSOE, Ion Antolín. A través de un auto judicial, el instructor desestima el recurso interpuesto por la defensa de Díez y confirma el rechazo a diversas diligencias por considerarlas irrelevantes para el proceso actual.
En su resolución, el juez Zamarriego sostiene que las testificales de Serrano —quien fuera número dos de la Secretaría de Organización del PSOE— y de Antolín «no contribuirán a un mayor esclarecimiento de los hechos investigados». El magistrado añade que, en el momento procesal actual, dichas comparecencias resultarían «perjudiciales a los fines de este proceso», manteniendo así el criterio de idoneidad y utilidad de la prueba que ya había manifestado inicialmente.
La decisión judicial también afecta a otras solicitudes de la defensa, que incluían requerimientos de información a las entidades públicas Correos y Enusa, así como a Zaño Sociedad, consultora vinculada al exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías. El magistrado ha optado por no dar curso a estas peticiones de documentación en el marco de esta pieza de instrucción, centrada en presuntas maniobras contra mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, fiscales y miembros de la judicatura.
Esta investigación en los juzgados de Madrid se desarrolla de forma independiente a las actuaciones que se siguen en la Audiencia Nacional bajo la dirección del juez Santiago Pedraz. En dicho tribunal se analiza una presunta trama para interferir en causas judiciales que afectan al entorno gubernamental, marco en el que los informes de la Guardia Civil mencionan a Serrano y Antolín, aunque ninguno de los dos figura como investigado en ninguna de las causas.
Los informes de la UCO recogen supuestas gestiones de Leire Díez para facilitar un puesto de trabajo a una denunciante de la Fiscalía sirviéndose de la estructura orgánica del partido. Asimismo, se analiza el abono de 20.000 euros en concepto de publicidad por parte del PSOE a un medio de comunicación vinculado a la investigada. No obstante, el juzgado de instrucción madrileño ha considerado que estos elementos no justifican la incorporación de los citados cargos socialistas al procedimiento ordinario que se tramita en su sede.
Con esta ratificación, el juez Zamarriego delimita el alcance de la instrucción, centrada en la presunta colaboración de Díez con el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol para comprometer la labor de altos funcionarios del Estado y miembros del Ministerio Fiscal.
