La Audiencia Nacional ordena nuevas diligencias sobre la entrada masiva en Ceuta a finales de julio

La magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha impulsado una nueva batería de diligencias judiciales en el marco de la investigación sobre la entrada masiva de personas en Ceuta ocurrida los pasados días 30 y 31 de julio. Entre las medidas adoptadas destaca la solicitud de informes técnicos a diversos estamentos del Estado y la citación en calidad de testigos de tres miembros del Consejo de Gobierno de la ciudad autónoma.

En el auto judicial, la juez requiere informes detallados al Ejército, la Guardia Civil y el Ministerio del Interior, extendiendo la petición a la propia Ciudad Autónoma y a la Delegación del Gobierno en Ceuta. La magistrada busca analizar las actas, correos electrónicos y borradores de las reuniones celebradas los días 27, 28 y 30 de julio. El objetivo de esta diligencia es constatar la existencia de advertencias previas o solicitudes de refuerzo de seguridad antes de que se desencadenara la crisis migratoria.

Asimismo, la instrucción ha fijado para el próximo 27 de octubre, a partir de las 10:00 horas, las declaraciones de tres consejeros del Ejecutivo ceutí. Comparecerán ante la Audiencia Nacional el consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Ramón Gaitán Rodríguez; la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Benzina Pavón; y el portavoz del Gobierno y consejero de Fomento, Alejandro Ramírez Magaña. Junto a ellos, han sido citados un inspector y dos subinspectores de la Policía Nacional.

La investigación judicial también abarca un seguimiento cronológico de las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Para ello, la magistrada ha ordenado la remisión de informes que cubren el periodo comprendido entre el 15 de julio y el 7 de agosto, con el fin de obtener una perspectiva completa de la gestión operativa antes, durante y después del incidente en la frontera.

Con estas actuaciones, la Audiencia Nacional pretende esclarecer las circunstancias técnicas y políticas que rodearon el asalto al perímetro fronterizo, así como determinar el grado de previsión y la respuesta institucional coordinada entre las distintas administraciones implicadas en la seguridad nacional y la gestión de la ciudad autónoma.