El juez autoriza a la UCO a investigar las cuentas de Alberto González Amador desde 2014
El magistrado Antonio Viejo Llorente, instructor de la causa secreta que se tramita en el Juzgado número 19 de Madrid, ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el rastreo de las cuentas bancarias de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La diligencia judicial abarca el periodo comprendido desde el año 2014 hasta la actualidad y afecta a un total de 16 entidades financieras.
En el auto judicial emitido este miércoles, el magistrado fundamenta la medida en la necesidad de elaborar un catálogo pormenorizado del patrimonio real del investigado y su entorno más próximo. El objetivo de los investigadores es determinar si se ha producido un incremento patrimonial injustificado y si este podría estar vinculado a los hechos que se analizan en esta pieza separada de la causa por presunta corrupción en los negocios.
La decisión judicial atiende a una solicitud formulada por los agentes de la UCO hace seis meses, en el marco de una investigación que mantiene el foco sobre la compraventa de la sociedad Círculo de Belleza S.L. Dicha empresa fue adquirida en el año 2020 por una mercantil vinculada a González Amador por un importe aproximado de 500.000 euros, operación que se sitúa en el núcleo de las pesquisas judiciales.
Esta resolución se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid rechazara, el pasado mes de abril, un recurso interpuesto por la defensa de González Amador que buscaba frenar la intervención de la Guardia Civil en la causa. Con este nuevo paso, la instrucción busca esclarecer la trazabilidad de los fondos y las transacciones económicas realizadas por el investigado en la última década.
Por su parte, la formación política Más Madrid, que solicitó el pasado mes de mayo el acceso a estos datos bancarios para el avance de la investigación, ha señalado la relevancia de esta diligencia. Según fuentes del partido, el análisis de los flujos de capital es fundamental para esclarecer posibles responsabilidades derivadas de las actividades económicas del entorno de la presidenta autonómica.
La investigación continúa su curso bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, centrada en determinar si las operaciones comerciales bajo sospecha contaron con la participación de terceros o directivos de grupos empresariales del sector sanitario, extremo que deberá ser validado tras el análisis de la documentación financiera ahora requerida.
