La Audiencia Nacional ordena un informe exhaustivo sobre la evolución del capital social de Plus Ultra
El magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, ha solicitado a la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional la elaboración de un informe detallado sobre la estructura accionarial de la aerolínea Plus Ultra. Esta decisión, tomada a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, tiene como objetivo principal determinar si los cambios en la propiedad de la compañía influyeron en la concesión de las ayudas públicas recibidas en el año 2021.
La investigación judicial se centrará especialmente en el periodo comprendido a partir de 2017, ejercicio en el que se registró la entrada de capital de origen venezolano en la sociedad. Según la providencia dictada por el juez Calama, el estudio busca analizar el «eventual impacto» de esta circunstancia en la consideración de la aerolínea al momento de formalizar su solicitud de ayuda pública ante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
La fiscal del caso, Elena Lorente, fundamentó la petición tras recordar que la aerolínea fue constituida originalmente el 25 de agosto de 2011 por sus socios fundadores, Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque. No obstante, el Ministerio Público subraya que se produjeron diversos cambios accionariales significativos a partir de 2017, momento en el que se incorporaron a los órganos de gestión y al capital social personas de nacionalidad venezolana.
El escrito de la Fiscalía señala que el acceso de dicho capital a la mercantil española se articuló mediante diversas escrituras públicas, cuyo contenido ya fue objeto de una revisión preliminar por parte de la UDEF en un informe de 2025, cuando la causa se encontraba bajo secreto. Para la instrucción, resulta de «gran trascendencia» conocer con exactitud la evolución del accionariado para valorar si la aerolínea cumplía con los requisitos exigidos para el rescate estatal solicitado el 1 de septiembre de 2021.
Con esta nueva diligencia, la Audiencia Nacional busca esclarecer si la composición del capital y la procedencia de los fondos tuvieron alguna incidencia en los procedimientos administrativos que derivaron en la inyección de fondos públicos. La decisión del magistrado refuerza la línea de investigación sobre la transparencia y legalidad del proceso de financiación que benefició a la aerolínea durante la crisis sanitaria.
