Apertura de juicio oral contra veinte investigados por las irregularidades en «La Pará de Gines»

Un juzgado de Sevilla ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra veinte personas por su presunta implicación en irregularidades administrativas y económicas relacionadas con la organización del evento «La Pará de Gines» entre los años 2006 y 2016. Entre los acusados se encuentran el actual alcalde del municipio sevillano, Romualdo Garrido (PSOE), un exregidor y diversos antiguos miembros de la junta de gobierno local.

La resolución judicial, que remite la causa a la Audiencia Provincial de Sevilla, establece una fianza de 500 euros para cada uno de los procesados con el objetivo de cubrir eventuales responsabilidades pecuniarias. El instructor fundamenta la decisión en la existencia de indicios de delitos de prevaricación urbanística y administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude, exacciones ilegales y falsedad documental, dependiendo del grado de participación de cada investigado.

De acuerdo con la instrucción, el perjuicio económico estimado para las arcas municipales asciende a 859.459,36 euros. El magistrado sostiene que durante un periodo de once años no se habrían observado los cauces legales y procedimientos administrativos preceptivos para la gestión y financiación del evento. La causa se sustenta en informes periciales realizados por interventores de la Junta de Andalucía y atestados de la Guardia Civil incorporados durante la fase de investigación.

El auto judicial subraya que los hechos presentan una entidad suficiente para ser dirimidos en un juicio oral, rechazando así la petición de la Fiscalía. El Ministerio Público había solicitado previamente el archivo de las actuaciones al considerar que las anomalías detectadas no excedían el ámbito de la irregularidad administrativa y carecían de relevancia penal. No obstante, el juez ha desestimado este criterio al considerar que no pueden obviarse las conclusiones relativas a la gestión de fondos públicos y la contratación.

Finalmente, el texto judicial describe una dinámica de funcionamiento sostenida en el tiempo que habría vulnerado de forma reiterada la normativa de contratación pública. Según el magistrado, la organización del evento se habría alejado de los principios de control, economía y eficacia administrativa, lo que justifica la necesidad de someter los hechos a examen jurisdiccional para determinar las posibles responsabilidades penales de los cargos implicados.