Inicia en Tarija el juicio contra el expresidente Evo Morales por presunta trata de personas
El Tribunal Departamental de Justicia de Tarija ha programado para este lunes el inicio del juicio oral contra el exmandatario boliviano Evo Morales Ayma, acusado por el Ministerio Público del delito de trata agravada de personas. El proceso surge a raíz de una investigación sobre la presunta relación del exjefe de Estado con una menor de edad durante su periodo de gobierno, hecho del cual habría nacido una hija en el año 2016.
Luis Esteban Ortiz, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, confirmó que la audiencia está convocada para las 8:20 hora local. Según la autoridad judicial, se han cumplido las formalidades de rigor para la apertura del juicio, incluyendo la notificación mediante edictos tanto para Morales como para una segunda persona de sexo femenino implicada en la investigación. El magistrado ratificó que el auto de apertura fue dictado tras completar los procedimientos legales correspondientes.
No obstante, el equipo jurídico de Morales ha manifestado que el exmandatario no comparecerá ante el tribunal. Wilfredo Chávez, uno de los abogados defensores, alegó que no se ha cumplido con la notificación personal debida, lo que impediría la asistencia de su defendido por desconocimiento formal del caso. La defensa técnica sostiene que el proceso responde a una «persecución política» destinada a desviar la atención pública de la actual crisis económica y las movilizaciones sociales que atraviesa el país.
La Fiscalía de Tarija ha informado que cuenta con más de 170 pruebas de cargo para sustentar la acusación formal presentada en octubre pasado. Este juicio se produce meses después de que un tribunal judicial declarara a Morales en rebeldía a principios de 2025, tras su inasistencia a audiencias previas en las que el político alegó motivos de salud para no presentarse.
Desde octubre de 2024, Evo Morales se encuentra en la región del Trópico de Cochabamba, su principal bastión sindical. En dicha zona, sectores afines al exgobernante mantienen una vigilancia permanente para impedir la ejecución de una orden de aprehensión que, según ha confirmado el Ministerio Público, permanece vigente. Anteriormente, bloqueos de carreteras durante 24 días evitaron que las fuerzas de seguridad ingresaran a la zona para dar cumplimiento a los requerimientos judiciales.
Por su parte, el expresidente ha rechazado las acusaciones a través de sus canales oficiales, calificándolas como una invención de delitos ante la falta de otras causales de procesamiento. Morales ha solicitado públicamente una justicia imparcial y autónoma, exigiendo que los acusadores demuestren los presuntos hechos con pruebas legales en el marco de un debido proceso.
