La Audiencia Nacional deja visto para sentencia el juicio contra la familia Pujol

La Audiencia Nacional ha concluido este jueves la fase de vista oral en el juicio seguido contra la familia del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol Soley, por la gestión de su patrimonio en entidades bancarias de Andorra. Tras 38 sesiones desarrolladas a lo largo de seis meses, el proceso ha quedado visto para sentencia después de que los acusados renunciaran a ejercer su derecho a la última palabra ante el tribunal.

El tribunal dictará sentencia sobre un caso que ha sentado en el banquillo a los siete hijos del exmandatario, a la exesposa del primogénito y a nueve empresarios. Los procesados se enfrentan a cargos por presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documentos mercantiles, delitos contra la Hacienda Pública y alzamiento de bienes. Cabe recordar que Jordi Pujol Soley, de 95 años, quedó excluido del proceso el pasado 27 de abril, cuando el tribunal decretó el sobreseimiento de la causa para él por motivos de salud que le imposibilitaban afrontar la vista.

La Fiscalía Anticorrupción, representada por el fiscal Fernando Bermejo, mantiene las peticiones de penas más elevadas para el hijo mayor de la familia, Jordi Pujol Ferrusola, para quien solicita 29 años de prisión. Asimismo, el Ministerio Público reclama 17 años para su exesposa, Mercè Gironés; 14 años para Josep Pujol y ocho años de cárcel para los otros cinco hermanos: Oriol, Marta, Mireia, Pere y Oleguer. Para los nueve empresarios implicados, la petición fiscal se sitúa en los cinco años de privación de libertad.

Según el escrito de acusación, la familia Pujol habría acumulado en cuentas andorranas una fortuna que, desde el año 1990, superaría los 38 millones de euros. La tesis de la Fiscalía sostiene que estos fondos procedían de mecanismos de blanqueo de capitales mediante la emisión de facturas y contratos por servicios de asesoramiento ficticios. Estos documentos habrían servido, presuntamente, para justificar el pago de comisiones por parte de empresarios que resultaron adjudicatarios de contratos públicos con la administración autonómica catalana.

Por su parte, todas las defensas han solicitado la libre absolución de sus representados al considerar que no ha quedado acreditado el origen ilícito del patrimonio. Durante sus declaraciones, los hijos del expresidente han mantenido que los fondos depositados en Andorra tienen su origen en un legado familiar —la denominada «deixa»— proveniente de su abuelo, Florenci Pujol, negando cualquier vinculación de estos activos con la actividad institucional de su padre al frente de la Generalitat.

Con el cierre de esta etapa procesal, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional inicia ahora el periodo de deliberación para redactar el fallo que determinará la responsabilidad penal de los implicados en una de las causas judiciales de mayor relevancia institucional de las últimas décadas.