Un juzgado de Madrid cita a Yolanda Díaz tras la demanda de Julio Iglesias por vulneración del derecho al honor

Un juzgado de Madrid ha admitido a trámite la demanda presentada por el cantante Julio Iglesias contra la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El procedimiento judicial se inicia tras las declaraciones públicas de la líder de Sumar en las que vinculó al artista con presuntos abusos sexuales. El órgano judicial ha fijado para el próximo 19 de mayo el acto de conciliación entre ambas partes.

Esta comparecencia constituye el paso previo preceptivo a la interposición de una querella criminal por presuntos delitos de injurias con publicidad y calumnias. El escrito presentado por la representación legal del cantante busca, en primera instancia, una rectificación pública o un acuerdo que evite la apertura de un proceso penal. La defensa sostiene que las manifestaciones de la vicepresidenta han afectado gravemente a la reputación y al honor del artista.

El conflicto jurídico tiene su origen en las manifestaciones realizadas por Yolanda Díaz tanto en redes sociales como en una entrevista televisiva en RTVE. En dichas intervenciones, la ministra se hizo eco de los testimonios de dos antiguas trabajadoras de Iglesias que denunciaron supuestos delitos de agresión sexual, trata de personas y vulneración de derechos laborales. La vicepresidenta calificó estos relatos como «estremecedores» y apuntó a la existencia de desigualdades en el ámbito de las relaciones laborales del demandante.

No obstante, el caso al que aludía la ministra fue archivado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional tras determinar que este órgano no poseía la competencia necesaria para investigar los hechos denunciados. Pese a esta resolución, el entorno del cantante argumenta que la ministra mantuvo sus declaraciones públicas, las cuales, a su juicio, exceden los límites de la crítica política y el derecho a la información.

Desde la defensa de Julio Iglesias se subraya que el objetivo de esta acción judicial es proteger la imagen pública del intérprete ante lo que consideran acusaciones carentes de base jurídica firme. De no lograrse una avenencia en el acto programado para mayo, el equipo legal del artista ha manifestado su intención de proseguir con la vía jurisdiccional penal para determinar las responsabilidades derivadas de dichas afirmaciones.