La Junta Electoral Central tramita el requerimiento del Supremo sobre el censo derivado de la ‘ley de nietos’
La Junta Electoral Central (JEC) ha procedido a ejecutar el requerimiento dictado por el Tribunal Supremo en relación con la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, conocida como ‘ley de nietos’, solicitando formalmente a la Oficina del Censo Electoral la documentación y los informes técnicos exigidos por el alto tribunal. Esta decisión se produce tras la suspensión cautelar de las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) vinculadas a esta normativa.
Según han confirmado fuentes del órgano electoral, la diligencia da cumplimiento a la orden emitida la pasada semana por el Tribunal Supremo. El requerimiento judicial incluye la solicitud de un informe detallado que desglose los expedientes de inscripción censal realizados bajo la nueva legislación, así como un análisis integral sobre la aplicación de la ley y el funcionamiento del voto por correo para los residentes en el extranjero.
Además de la recopilación de datos, el Supremo ha instado a la Junta Electoral Central a la elaboración de una instrucción técnica que establezca criterios precisos para la determinación del municipio de inscripción electoral de los nuevos solicitantes. Esta medida busca unificar los procedimientos administrativos y garantizar la seguridad jurídica en la confección del censo electoral ante las dudas planteadas en el proceso de incorporación.
La intervención del alto tribunal se enmarca en un contexto de revisión de los procedimientos de nacionalización y acceso al sufragio derivados de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. Mientras se resuelve el fondo del asunto y se procesan los informes requeridos a la Oficina del Censo Electoral, la validez de las inscripciones recientes en el CERA permanece bajo supervisión judicial.
Este movimiento administrativo coincide con la ampliación de otras acciones legales relacionadas con la gestión de la normativa, lo que sitúa la implementación de la ‘ley de nietos’ en el centro de un complejo debate competencial y técnico entre los organismos electorales y el poder judicial.
