Junts reivindica la vigencia del 1-O y reclama el cumplimiento íntegro de la ley de amnistía
La formación política Junts per Catalunya ha emitido este jueves un comunicado oficial con motivo del noveno aniversario del referéndum del 1 de octubre de 2017. En el documento, el partido reafirma la validez de los resultados de aquella jornada, asegurando que el mandato derivado de la consulta «sigue vivo» y constituye un compromiso vigente para su estrategia política actual.
En su análisis de la situación institucional, Junts sostiene que la respuesta del Estado español durante estos nueve años se ha fundamentado en lo que califican como una estrategia de «represión y criminalización» hacia los organizadores y participantes de la consulta. La formación denuncia la persistencia de la persecución judicial contra activistas y dirigentes independentistas, señalando una negativa sistemática al reconocimiento del derecho de autodeterminación.
Uno de los puntos centrales de la declaración se refiere a la situación de la ley de amnistía. Según el partido, la aplicación de esta medida de gracia se encuentra actualmente «encallada» debido a lo que consideran «resistencia y prevaricación» por parte de una sección del poder judicial. Ante este escenario, la formación ha exigido el cumplimiento total de la normativa para facilitar la vuelta a la normalidad política de los afectados por las causas judiciales del «procés».
La formación ha hecho especial hincapié en la situación del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, demandando las garantías necesarias para su retorno. Junts vincula esta normalización con la necesidad de poner fin a las medidas excepcionales derivadas de la respuesta jurídica al referéndum de 2017.
Respecto a la hoja de ruta a seguir, el comunicado detalla que la organización continuará trabajando en la «internacionalización de la causa catalana». El objetivo declarado es avanzar hacia el encaje de Cataluña como un nuevo estado dentro de la Unión Europea, para lo cual mantienen contactos con el fin de obtener el reconocimiento de la comunidad internacional.
Finalmente, los posconvergentes han reiterado que la independencia es, a su juicio, el «único proyecto» capaz de asegurar la sostenibilidad del estado del bienestar, la cohesión social y la protección de la lengua catalana. El texto concluye recordando la movilización de más de dos millones de ciudadanos que participaron en la consulta de 2017, calificando aquel acto como «democrático, legítimo y vinculante».
