Un reciente estudio elaborado por el Grupo Karnov revela que el 87% de los profesionales del sector jurídico en España considera que el Estado de derecho ha experimentado un deterioro en los últimos tres años. El informe, titulado «Dentro de la mente jurídica: encuesta a la profesión legal europea 2026», señala como causa principal de esta percepción el incremento de la presión ejercida por el poder político sobre la administración de justicia.
La investigación, que recoge la opinión de más de 3.000 expertos en España, Francia, Dinamarca, Noruega y Suecia, sitúa a España como el país donde los juristas perciben una mayor «presión» sobre el sistema judicial, con un 85% de respuestas en este sentido. Esta cifra supera ampliamente la media de los cinco países analizados, situada en el 53%, y contrasta con los datos de naciones nórdicas como Noruega (36%) o Dinamarca (47%).
De acuerdo con los datos recopilados entre más de 500 profesionales nacionales, las mayores amenazas provienen de la actuación del propio sistema político. Los encuestados destacan factores como la legislación acelerada, el uso abusivo de los decretos y la falta de respeto a las limitaciones legales. En este contexto, el 87% de los juristas españoles atribuye directamente el deterioro del sistema a las decisiones políticas, la tasa más alta del bloque analizado.
Esta tendencia reflejada en el estudio coincide con las manifestaciones realizadas recientemente por la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, y la fiscal general del Estado, Teresa Peramato. Durante la apertura del año judicial, ambas autoridades criticaron las injerencias políticas y calificaron de gravedad las acusaciones de «lawfare» dirigidas hacia los jueces desde responsabilidades institucionales.
Además de la influencia política, el informe identifica otros factores de riesgo para la estabilidad judicial. En España y Francia, los profesionales apuntan a la polarización en redes sociales y la presión mediática como elementos de distorsión. Por el contrario, en los países nórdicos la preocupación se desplaza hacia el impacto del crimen organizado y los riesgos derivados de la inteligencia artificial, este último un factor que en España solo preocupa al 11% de los consultados.
El estudio concluye que solo un 9% de los juristas españoles considera que el Estado de derecho se ha mantenido estable en el último trienio. La percepción generalizada de retroceso en el país se alinea con las críticas sostenidas por diversas asociaciones de jueces y fiscales, que han intensificado sus advertencias sobre la necesidad de preservar la independencia judicial frente a las actuaciones de los poderes ejecutivo y legislativo.
