El Ministerio de Justicia exige a la Comunidad de Madrid el pago de 1,7 millones anuales por la sede del TSJM
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha requerido formalmente a la Comunidad de Madrid la regularización económica y jurídica del uso del edificio que alberga el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). El Gobierno central reclama a la administración regional el abono de una tasa anual superior a los 1,7 millones de euros por la utilización del inmueble o, como alternativa, el compromiso de abandono de las instalaciones antes del 31 de diciembre de 2026.
A través de una misiva remitida por el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, el Ejecutivo estatal ha recordado que el edificio, situado en la calle del General Castaños de la capital, es un bien de dominio público estatal que no fue transferido a la Comunidad de Madrid. El texto subraya que la obligación de proporcionar sede a este órgano judicial recae sobre la administración autonómica, a pesar de que el TSJM continúa operando en dependencias del Estado.
La Secretaría de Estado de Justicia sostiene que no consta actualmente ningún título jurídico que ampare la ocupación del inmueble por parte del Ejecutivo regional. Ante esta situación, el Ministerio ha impulsado un procedimiento para el otorgamiento directo de una concesión demanial que serviría como título habilitante para el uso de la infraestructura judicial hasta el año 2028.
El requerimiento ministerial concede un plazo de dos meses a la Comunidad de Madrid para que notifique una decisión fehaciente. Las opciones planteadas por el Ministerio incluyen la aceptación de un pliego de condiciones que permitiría el uso del edificio hasta el 1 de septiembre de 2028 bajo el pago de una tasa de 1.754.315,16 euros anuales, o bien la renuncia expresa al inmueble con un compromiso de desalojo inmediato.
Asimismo, el departamento que dirige Félix Bolaños advierte de que la ausencia de respuesta en el tiempo estipulado derivará en el ejercicio de las facultades de protección del dominio público. Esto contempla la recuperación posesoria de oficio del edificio para su posterior puesta a disposición del Tribunal Supremo, atendiendo a las necesidades de espacio actuales de dicha institución.
Esta medida se produce en el marco de las actuaciones de regularización patrimonial que el Ministerio de Justicia está llevando a cabo sobre bienes de titularidad estatal utilizados por comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Administración de Justicia.
