El Juzgado de Instrucción 8 de Madrid asume la investigación por la compra del ático de la Comunidad

El Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid ha centralizado las diligencias relativas a la adquisición de un inmueble por valor de 6,3 millones de euros por parte de la empresa pública Planifica Madrid, organismo dependiente del Gobierno regional. La magistrada Rosario de Fátima Espinosa analiza actualmente cinco denuncias que cuestionan la transparencia y legalidad de la operación, destinada inicialmente a albergar de forma temporal el despacho de la presidencia de la Comunidad de Madrid durante las obras de reforma de la Real Casa de Correos.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha procedido al archivo de sus diligencias de investigación preprocesales para evitar una duplicidad de actuaciones, conforme a lo establecido en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y la Circular 2/2022 de la Fiscalía General del Estado. El teniente fiscal José Luis García-Juanes ha remitido al juzgado los escritos presentados por el PSOE y tres particulares, que se integran así en la causa abierta tras la denuncia inicial de la organización Iustitia Europa. La normativa vigente obliga al Ministerio Público a cesar sus pesquisas una vez que consta la existencia de un procedimiento judicial en curso sobre los mismos hechos.

Los escritos de denuncia fundamentan la petición de investigación en posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Entre las supuestas irregularidades señaladas destaca la ausencia de un expediente administrativo previo y la omisión de la compra en la memoria anual de Planifica Madrid. Asimismo, los denunciantes cuestionan la exigencia de un acuerdo de confidencialidad previo a la adquisición y la falta de informes técnicos que avalaran la legalidad urbanística del inmueble para usos administrativos, dado que la propiedad no permitía inicialmente su empleo como oficina o sede institucional.

El Partido Socialista de Madrid, que ha anunciado su personación en el proceso, exige el acceso al expediente completo de compra, incluyendo los informes de tasación, necesidad y financiación. Según la formación, la operación presenta «lagunas procedimentales» que deben ser aclaradas judicialmente. Por su parte, la Consejería de Presidencia, que ostenta la titularidad de la empresa pública implicada, ha defendido la gestión del proceso, si bien hasta el momento no se ha detallado el acta del Consejo de Gobierno donde se habría autorizado formalmente la transacción.

En el marco de esta controversia, el Gobierno regional anunció el pasado viernes la puesta en venta del ático por un importe de 6,7 millones de euros. La decisión de enajenar el activo se produce meses después de su adquisición en abril y en medio de las críticas por el coste de las reformas paralelas en la sede de la Puerta del Sol, estimadas en 1,6 millones de euros. La autoridad judicial deberá determinar ahora si admite a trámite la totalidad de las denuncias acumuladas y qué diligencias de prueba resultan necesarias para esclarecer la cadena de mando y los criterios de selección del inmueble.