El Juzgado de lo Mercantil homologa el plan de reestructuración de Duro Felguera
El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Oviedo, con sede en Gijón, ha dictado una sentencia este lunes por la que homologa formalmente el plan de reestructuración de Duro Felguera y sus principales filiales. La resolución judicial desestima las demandas de oposición interpuestas por diversas mercantiles y otorga validez definitiva a la hoja de ruta diseñada por la compañía para garantizar su viabilidad a largo plazo y evitar el concurso de acreedores.
La decisión del magistrado afecta tanto a la matriz como a las sociedades dependientes Calderería Pesada, Mompresa, Operaciones y Montajes y Energy Storage. Con este respaldo jurídico, la ingeniería asturiana culmina el proceso iniciado el pasado 21 de octubre, cuando el Consejo de Administración aprobó el plan tras obtener el respaldo de más de tres cuartas partes de los acreedores de clase 1 y la ratificación posterior de la Junta General de Accionistas en el mes de noviembre.
El plan de reestructuración validado integra medidas financieras y operativas de calado para el futuro de la entidad. Entre los puntos clave destaca una inyección de capital de 10 millones de euros por parte del grupo mexicano Prodi, socio mayoritario de la firma. Asimismo, el documento contempla una quita de la deuda financiera, la desinversión de activos no estratégicos —incluyendo su sede en Gijón— y un redimensionamiento de la plantilla que, según las previsiones de la empresa, podría ajustarse hasta los 500 trabajadores.
Desde la dirección de la compañía, el vicepresidente Jaime Isita defendió la solidez del proyecto durante la última junta extraordinaria, subrayando que las medidas permitirán abrir una nueva etapa operativa sobre bases financieras saneadas. Duro Felguera cerró el pasado ejercicio con unas pérdidas de 71 millones de euros, una cifra que, pese a ser negativa, representa una reducción del 27,8 % respecto al año anterior. La deuda financiera total del grupo se sitúa actualmente en 285 millones de euros.
La homologación judicial supone el cumplimiento del último requisito necesario para la ejecución del plan, permitiendo a la empresa centrar sus esfuerzos en la estabilización de su negocio y en el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los inversores y acreedores bajo el nuevo marco de sostenibilidad financiera.
