La Fiscalía solicita siete años de prisión para la diseñadora Kina Fernández por presunto alzamiento de bienes

La Audiencia Provincial de La Coruña acoge esta semana el juicio contra la diseñadora gallega Kina Fernández, su marido, sus dos hijas y un gestor financiero, acusados de un presunto delito de alzamiento de bienes. El Ministerio Fiscal solicita para cada uno de los encausados una pena de siete años de prisión y una indemnización conjunta de dos millones de euros por el impago de deudas tras el concurso de acreedores de la sociedad textil Volvoreta.

Según el escrito de acusación, los hechos se remontan al periodo comprendido entre enero de 2010 y febrero de 2013. Tras la entrada en concurso de acreedores de Volvoreta, la Fiscalía sostiene que el matrimonio administrador, con el asesoramiento de un gestor y la colaboración de sus hijas, realizó una serie de maniobras dirigidas a desviar el patrimonio de la mercantil para eludir las obligaciones de pago con los acreedores, entre los que destacan la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

El Ministerio Público detalla que los acusados emplearon diversas sociedades a nombre de las hijas de la diseñadora para derivar la actividad comercial y la facturación que originalmente correspondía a Volvoreta. Mediante este sistema, varios establecimientos comerciales pasaron a ser explotados por estas nuevas mercantiles sin que conste el abono de traspasos o cesiones, evitando así que los ingresos formaran parte de la masa concursal destinada al pago de deudas.

Uno de los puntos clave del procedimiento es la desaparición de activos de la compañía. La acusación señala que el plan de viabilidad de 2011 recogía existencias de más de 20.000 prendas de ropa, valoradas en cerca de dos millones de euros. Sin embargo, al iniciarse la fase de liquidación en mayo de 2014, el inventario se reducía a tan solo 1.603 prendas, sin que se haya podido acreditar el destino de los artículos restantes ni el ingreso del importe obtenido por su presunta venta.

Asimismo, el relato fiscal expone que el matrimonio habría desviado su patrimonio inmobiliario personal mediante la enajenación de activos a favor de la sociedad Galitex. Entre estas operaciones se incluye la transferencia de una vivienda valorada en 400.000 euros, así como plazas de garaje y participaciones sociales, actuaciones que la Fiscalía califica como fraudulentas al haber dejado de atender los pagos al erario público desde el año 2011.

Además de las penas de cárcel solicitadas para las cinco personas físicas involucradas, el Ministerio Fiscal requiere la imposición de multas para la sociedad Volvoreta, ya disuelta. El escrito también demanda la nulidad de todos los actos jurídicos y escrituras públicas realizados para el trasvase de bienes o, de forma subsidiaria, que los acusados indemnicen a los acreedores por la cuantía total del perjuicio económico causado.