Koldo García denuncia presiones de la acusación para implicar al Gobierno en el juicio de las mascarillas
Koldo García, antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos, ha protagonizado este miércoles una de las sesiones más tensas en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo por las presuntas irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia. En su alegato final, García ha denunciado haber recibido ofertas por parte de la acusación popular, dirigida por el Partido Popular, para colaborar en el proceso y evitar el ingreso en prisión a cambio de aportar testimonios que, según sus palabras, consistían en «mentir a todos los españoles» para involucrar a miembros del Ejecutivo.
El acusado ha señalado directamente al abogado Alberto Durán como el responsable de ofrecerle este acuerdo. García ha relatado que se sintió coaccionado mediante menciones a su entorno familiar, sugiriendo que su esposa y su hermano también podrían verse afectados legalmente si no accedía a colaborar. Durante su intervención, el exasesor ha mantenido su inocencia, asegurando que nunca percibió dádivas ni comisiones ilegales del comisionista Víctor de Aldama, y ha defendido que su actuación se limitó a prestar ayuda profesional y personal en el contexto de la crisis sanitaria.
La declaración ha incluido un duro reproche hacia la situación procesal de Víctor de Aldama. García ha criticado que el comisionista pueda beneficiarse de una atenuante muy cualificada que le permitiría eludir la cárcel, a pesar de que, según su versión, el relato de los hechos ofrecido por Aldama carece de veracidad. Mientras las acusaciones populares han rebajado su petición para Aldama a 5,3 años de prisión —lo que facilitaría evitar el ingreso efectivo en un centro penitenciario—, para Koldo García y José Luis Ábalos solicitan penas que alcanzan los 30 años.
Por su parte, el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha mantenido su petición de siete años de cárcel para Víctor de Aldama, siguiendo las instrucciones de la fiscal general, Teresa Peramato. No obstante, el representante del Ministerio Público ha valorado positivamente el papel del comisionista en el esclarecimiento de la trama, defendiendo la conveniencia de otorgar beneficios penales a quienes colaboran con la justicia para evitar que se imponga la «ley del silencio» en casos de corrupción compleja.
En este contexto, José Luis Ábalos ha respaldado las afirmaciones de su antiguo colaborador, calificando la causa como un «proceso predeterminado». El exministro enfrenta una petición de 24 años de cárcel por parte de la Fiscalía, que le atribuye un papel central en la adjudicación de los contratos bajo sospecha. García ha concluido su intervención reiterando que ha sido víctima de intentos de manipulación por parte de determinados medios de comunicación y actores políticos para forzar una declaración incriminatoria contra el Gobierno central.
El juicio entra ahora en su fase final tras la exposición de las conclusiones de las defensas y los últimos alegatos de los investigados. El tribunal deberá dirimir la veracidad de estas acusaciones de presiones externas y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados en una de las causas judiciales con mayor impacto institucional de la legislatura.


