Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes, ha interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) solicitando la suspensión cautelar de su condena a 19 años y ocho meses de prisión por delitos de corrupción en la adjudicación de contratos de mascarillas. La defensa de García sigue de este modo la estrategia procesal del exministro José Luis Ábalos, impugnando la sentencia dictada por el Tribunal Supremo y alegando la vulneración de diversos derechos fundamentales.
El núcleo de la impugnación reside en la cuestionada competencia del Tribunal Supremo para enjuiciar los hechos. Según el recurso al que ha tenido acceso EFE, la defensa sostiene que el alto tribunal no era el órgano judicial predeterminado por la ley, argumentando que, tras la renuncia de Ábalos a su acta de diputado en enero de 2026, el caso debió ser remitido a la Audiencia Nacional al decaer el aforamiento. Por ello, el recurrente solicita al Constitucional que ordene retrotraer las actuaciones para que la causa sea juzgada por el órgano que considera competente.
El escrito también pone el foco en la figura de Víctor de Aldama, comisionista del caso y único acusado que evitó el ingreso en prisión tras una reducción de condena a cuatro años y medio. La representación legal de García critica lo que denomina una «conformidad parcial» con la Fiscalía, denunciando que la falta de un acuerdo por escrito sobre esta colaboración impidió a las defensas conocer los términos exactos de la negociación, afectando así al derecho de defensa.
Otro de los argumentos destacados es el riesgo de duplicidad penal. La defensa advierte de que la Audiencia Nacional mantiene abierta una investigación paralela contra Koldo García por operativas financieras e ingresos similares a los ya sentenciados. Según el recurso, la resolución del Tribunal Supremo podría servir de base para una segunda condena por los mismos hechos, lo que vulneraría el principio de no ser juzgado dos veces por la misma causa.
Asimismo, el documento señala que la condena excede el ámbito del suplicatorio concedido en su día por el Congreso de los Diputados. Si bien la autorización parlamentaria se centraba en la contratación de material sanitario y alquileres, la sentencia final incluyó otros hechos, como la contratación de personas vinculadas al entorno personal del exministro en empresas públicas.
Finalmente, el recurso de amparo invoca la protección del Tribunal Constitucional frente a la supuesta vulneración de derechos como la tutela judicial efectiva, la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia. Mientras la corte de garantías estudia el fondo del asunto, García solicita que se mantenga en suspenso la ejecución de la pena de privación de libertad para evitar perjuicios irreparables en caso de que su recurso sea estimado.
