Koldo García se acoge a su derecho a no declarar ante la Audiencia Nacional por el caso de las mascarillas

Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes, ha ejercido este jueves su derecho constitucional a no declarar ante el magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. La comparecencia, motivada por los recientes informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la compra de material sanitario en Baleares durante la pandemia, concluyó sin testimonio del investigado tras la recomendación de su defensa legal.

Leticia de la Hoz, abogada de García, ha explicado a los medios de comunicación que la decisión responde a una estrategia jurídica basada en un recurso de apelación pendiente. La defensa sostiene que los hechos por los que se pretendía interrogar a su cliente ya han sido objeto de análisis por parte del Tribunal Supremo, argumentando que no se debe procesar a una persona dos veces por la misma causa.

En este sentido, la representación legal ha solicitado formalmente el archivo de la causa y la suspensión de cualquier interrogatorio hasta que se resuelva el recurso presentado. Según ha manifestado De la Hoz, en el supuesto de que el tribunal no dé la razón a sus pretensiones de archivo, será la propia defensa quien solicite la declaración voluntaria de Koldo García para responder a las acusaciones.

Asimismo, la letrada ha informado de que se ha cursado una petición para obtener las copias de los dispositivos móviles intervenidos por la Guardia Civil durante los registros realizados en el marco de la investigación. La defensa argumenta que el investigado se encuentra en una situación de desventaja procesal al no disponer de la misma información que las acusaciones, lo que dificultaría el ejercicio efectivo de su derecho a la defensa.

Esta diligencia judicial se enmarca en la instrucción del denominado ‘caso Koldo’, que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos para el suministro de mascarillas y material sanitario. El procedimiento continúa su curso en la Audiencia Nacional, pendiente de las resoluciones sobre los recursos interpuestos y el análisis del material informático incautado a los principales implicados.