La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido un informe al sumario judicial del denominado caso Leire Díez en el que se detalla la presunta existencia de una red coordinada para proteger los intereses del PSOE y del Gobierno ante diversas causas judiciales por corrupción. Según los informes de los investigadores, la exmilitante socialista Leire Díez habría alardeado de su capacidad para influir en el nombramiento del próximo Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, basándose en su supuesto acceso directo a la cúpula del Ejecutivo y de la formación política.
Las diligencias policiales se sustentan, entre otras pruebas, en el testimonio y las notas del comandante Rubén Villalba, quien mantuvo encuentros con Díez en el marco de la trama. Durante estas reuniones, la investigada manifestó presuntamente que el Gobierno responsabilizaba al Ministerio del Interior por la falta de control sobre las operaciones de la UCO. Según el relato de Villalba incorporado a la causa, Díez apeló a su cercanía con el número uno del partido y el número uno del Gobierno para asegurar que ella misma decidiría quién ocuparía el máximo escalafón operativo del cuerpo policial.
El informe de la UCO establece una jerarquía dentro de esta estructura de influencia. Los agentes sitúan al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en un nivel superior de dirección, mientras que Leire Díez actuaría en un nivel ejecutivo para coordinar las acciones encomendadas. El objetivo de esta red, según describe la policía judicial, sería mantener una unidad de acción destinada a salvaguardar a ciertos miembros del Gobierno y al presidente, Pedro Sánchez, ante el avance de las investigaciones anticorrupción que afectaban al entorno socialista.
En el marco de esta investigación, el coronel Rafael Yuste, exjefe de la UCO hasta finales de 2025, declaró como testigo que el DAO de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas, le habría ordenado en julio de 2024 que los agentes debían ponerse de perfil en aquellas investigaciones con afectación política. Yuste relató ante los investigadores que se le abrieron varias informaciones reservadas por supuestas filtraciones que, según el criterio del juez de la Audiencia Nacional, podrían haber sido utilizadas como mecanismo de presión para frenar las pesquisas de la unidad anticorrupción.
La trama también habría intentado captar a mandos policiales mediante el ofrecimiento de puestos de asesoría y destinos internacionales. Según el sumario, se ofreció al comandante Villalba un puesto como asesor de la Directora General de la Guardia Civil o un destino en la Embajada de Roma a cambio de obtener información comprometedora sobre otros mandos y procesos judiciales en curso, como las causas relacionadas con el sector de los hidrocarburos.
Las investigaciones judiciales alcanzaron un punto crítico el pasado 27 de mayo, cuando agentes de la Guardia Civil registraron la sede federal del PSOE en la calle Ferraz durante más de doce horas. El registro buscaba recabar pruebas sobre presuntos pagos a la red dirigida por Díez y sus socios para influir en los procesos judiciales que cercan a la formación. El caso continúa bajo instrucción judicial para determinar el alcance de estas maniobras de interferencia en las instituciones del Estado y en la independencia de las unidades de investigación.
