Leire Díez califica de «cacería» las diligencias judiciales en la sede del PSOE y dependencias oficiales

La exmilitante del PSOE, Leire Díez, ha manifestado este martes su rechazo a las recientes actuaciones judiciales dirigidas por la Audiencia Nacional, calificándolas como una «cacería» orientada a desestabilizar al actual Gobierno de España. Estas declaraciones se producen tras la orden del juez Santiago Pedraz, quien la semana pasada autorizó el ingreso de la Guardia Civil en la sede central del Partido Socialista en la calle Ferraz, así como en inmuebles vinculados al secretario de Organización, Santos Cerdán, y en la Dirección General de la Guardia Civil.

Durante una intervención en el ámbito mediático, Díez denunció que las diligencias forman parte de una «investigación prospectiva» que, a su juicio, carece de fundamento jurídico real. Según la exmilitante, el objetivo último de estas medidas es forzar la caída del Ejecutivo por cualquier medio, señalando que las acciones emprendidas por el magistrado Pedraz se asemejan más a la «ciencia ficción» que a un procedimiento judicial ordinario.

Críticas al Estado de derecho y defensa personal

Díez, quien fuera una figura relevante en la estructura operativa del partido, defendió la legalidad de su conducta y negó cualquier implicación en tramas irregulares. En su argumentación, sostuvo que la actual situación refleja una politización de la justicia, afirmando que «el Estado de derecho se está convirtiendo en un Estado de derechas». Asimismo, puntualizó que, aunque la labor de investigar es legítima, esta no debe confundirse con mecanismos de extorsión o presión política.

En relación con su situación actual dentro de la formación política, Leire Díez subrayó que se encuentra completamente desvinculada del PSOE. Esta declaración busca marcar distancia frente a la presunta trama de corrupción que la Audiencia Nacional investiga y que ha salpicado a diversas esferas relacionadas con las cloacas del Estado y la formación socialista.

Finalmente, la exmilitante instó a que las responsabilidades derivadas de lo que denomina como «guerra mediática» sean asumidas por quienes correspondan, mientras las autoridades judiciales continúan con el análisis de la documentación incautada en los registros realizados en la sede de Ferraz 70 y demás inmuebles vinculados a la organización.