Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso la investigación judicial en la Audiencia Nacional, detalla que Leire Díez, vinculada al entorno del PSOE, ofreció al empresario y expresidente del Badajoz CF, Joaquín Parra, unos terrenos en Málaga valorados en 4,5 millones de euros. Estas gestiones se realizaron en paralelo a las reuniones mantenidas por una presunta red que buscaba influir en procesos judiciales que afectan al entorno del Gobierno, según consta en la declaración del empresario ante los agentes.
La oferta inmobiliaria, registrada en mensajes de octubre de 2024, se refería a parcelas supuestamente relacionadas con la empresa Acciona. Según la declaración de Parra en calidad de testigo, Díez le envió varios archivos en formato PDF con los detalles técnicos de los terrenos. «Piden 4,5 millones negociables a 4», indicaba uno de los mensajes enviados el 3 de octubre. La respuesta del empresario remitió a Díez a contactar con Luis Sáenz de Tejada, exmagistrado y abogado implicado en la misma trama.
El informe de la Benemérita vincula estas conversaciones con una estructura más amplia que pretendía desestabilizar causas judiciales. Parra relató a los investigadores que su contacto con Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset tenía como objetivo inicial obtener ayuda en sus propios procedimientos abiertos en Badajoz. Durante las reuniones, se habrían diseñado estrategias para intentar recusar a la magistrada que instruye la causa contra el hermano del presidente del Gobierno, una vía judicial que finalmente no prosperó.
Las pesquisas sitúan el origen de estas relaciones en el verano de 2024. Tras un primer encuentro en Tarifa, los implicados conformaron un grupo de mensajería denominado «Vacaciones y Viajes». Posteriormente, se celebró una reunión en un inmueble de Madrid, definido por algunos de los presentes como un «piso franco del PSOE». En dicha cita, el exjuez Sáenz de Tejada expuso una serie de informaciones sobre supuesta corrupción judicial en Extremadura para fundamentar las maniobras de defensa.
Asimismo, el testimonio de Parra ante la UCO abordó el seguimiento que habría sufrido la juez instructora por parte de personas cercanas al entorno de la trama. El empresario aclaró que, si bien conocía la existencia de perfiles anónimos en redes sociales vinculados a informadores de los casos en Badajoz, estas cuestiones no fueron tratadas directamente con Leire Díez ni con Pérez Dolset en los encuentros presenciales.
La declaración de Joaquín Parra aporta luz sobre el funcionamiento interno de este grupo, donde se mezclaban intereses comerciales, como la venta de activos inmobiliarios, con la planificación de estrategias de presión jurídica. Los agentes de la Guardia Civil continúan analizando el material informático y los mensajes aportados por el testigo para determinar el alcance real de las gestiones realizadas por Díez y el resto de los investigados en la causa que instruye la Audiencia Nacional.
