La UCO revela que Leire Díez ofreció a Villarejo un pacto con la Fiscalía a cambio de información sobre el juez Marchena
Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, remitido a la Audiencia Nacional, señala que la exmilitante del PSOE Leire Díez habría ofrecido al excomisario José Manuel Villarejo mediar para alcanzar un pacto con la Fiscalía General del Estado. Según las investigaciones, el objetivo de esta mediación era obtener información sensible sobre el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena y otros dirigentes del Partido Popular, en el marco de las dificultades judiciales para la aplicación de la ley de amnistía.
El oficio policial, que forma parte del sumario del denominado «caso Leire» instruido por el juez Santiago Pedraz, detalla que Díez mantuvo contactos con el entorno de Villarejo a principios de 2025. En las comunicaciones intervenidas, la investigada aludía a una supuesta disposición del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, para recibir a la defensa del excomisario. Los agentes han confirmado, mediante la geolocalización de su teléfono móvil, que Díez estuvo presente en la sede de la Fiscalía General en al menos una ocasión en marzo de 2025.
La documentación hallada en el ordenador personal de Díez, bajo títulos como «Acuerdo V» y «Estado de situación», sugiere que la exmilitante vinculaba estos movimientos con la necesidad de superar los obstáculos del Tribunal Supremo a la amnistía. A cambio de un pacto que evitara el ingreso en prisión de Villarejo y redujera sus multas, se esperaba que el excomisario entregara grabaciones y documentos comprometedores sobre Marchena, el expresidente Mariano Rajoy y el actual líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.
Entre los archivos intervenidos destaca una referencia a «grabaciones explosivas» relacionadas con una supuesta manipulación de las elecciones gallegas de 2012 y detalles sobre la denominada «policía patriótica». Asimismo, el informe de la UCO indica que Díez también intentó negociar con Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad y acusado en el caso Kitchen, a quien habría ofrecido beneficios procesales similares a cambio de información que involucrara a la anterior cúpula del Ministerio del Interior.
Por su parte, el abogado de José Manuel Villarejo, Antonio García Cabrera, prestó declaración ante la Guardia Civil el pasado mes de mayo, reconociendo la existencia de estas propuestas. No obstante, el letrado afirmó que no dio credibilidad a los ofrecimientos de Leire Díez, calificándolos de «fantasiosos». Según su testimonio, a pesar de los mensajes de la investigada que aseguraban que la negociación estaba en marcha, la defensa nunca llegó a solicitar formalmente la reunión con la Fiscalía General al desconfiar de la capacidad de mediación de la exmilitante.
La investigación judicial continúa analizando el alcance de la red de influencias que Leire Díez pretendía articular. Los agentes de la UCO subrayan que, aunque Díez utilizaba términos como «negociación con boinas» para referirse a sus tratos con el excomisario, los mensajes reflejan una insistencia constante en su control sobre los tiempos y los interlocutores dentro del Ministerio Público, una labor que ella misma definía en sus comunicaciones como «un trabajo que no iba a ser fácil».
