El Centro de Descendientes de Españoles Unidos impugna ante el Supremo la suspensión del voto exterior

El Centro de Descendientes de Españoles Unidos (Ce.DEU), organización que representa a ciudadanos nacionalizados bajo la denominada «ley de nietos», ha presentado formalmente alegaciones ante el Tribunal Supremo para solicitar el levantamiento de la suspensión cautelar que impide su participación en los próximos comicios generales. La medida afecta a unos 163.000 españoles residentes en el extranjero que ya figuran en los registros consulares.

La representación legal de la asociación, ejercida por el abogado Eduardo Ranz, ha registrado el documento ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal dentro del plazo de cinco días hábiles concedido por la justicia. El objetivo de la impugnación es suspender la medida cautelar vigente para asegurar que el colectivo de nacionalizados tenga garantizado el ejercicio del derecho fundamental al sufragio activo.

El conflicto jurídico se recrudeció el pasado 12 de octubre, cuando el Tribunal Supremo ratificó el mantenimiento de la suspensión cautelar que pesaba sobre estos electores desde el mes de septiembre. Bajo el criterio judicial actual, estos ciudadanos no podrán ejercer su voto el próximo 29 de noviembre a menos que los consulados españoles en el exterior acrediten de forma individualizada que son descendientes directos de exiliados.

Ce.DEU argumenta que la decisión judicial supone una barrera administrativa que afecta a la universalidad del voto. Según el comunicado emitido por la entidad, la presentación de estas alegaciones responde a la necesidad de proteger la seguridad jurídica de los inscritos en el Censo de Residentes Ausentes (CERA) antes del vencimiento de los plazos procesales.

De forma paralela a la vía judicial, la asociación ha elevado una queja formal ante el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. En el escrito, se solicita la intervención urgente de la institución para mediar en lo que califican como una «afectación colectiva» de un derecho constitucional, instando a que se adopten las medidas necesarias para revertir una situación que excluye a miles de nuevos ciudadanos del proceso democrático.

La resolución definitiva del Tribunal Supremo sobre estas alegaciones determinará la configuración final del censo electoral para las próximas elecciones generales, marcando un precedente sobre la aplicación de los derechos políticos de los descendientes de españoles naturalizados en el exterior.