La instrucción que permite acreditar el exilio mediante actas de partidos políticos genera una querella por presunto fraude de ley
La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, dependiente del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, se encuentra en el centro de una controversia jurídica tras la publicación de la Instrucción del 25 de octubre de 2022. Este documento, firmado por la directora general Sofía Puente, regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española en el marco de la Ley de Memoria Democrática, permitiendo que certificaciones emitidas por partidos políticos y sindicatos sirvan como prueba para acreditar la condición de exiliado.
La disposición adicional octava de la citada ley, conocida como la «ley de nietos», busca facilitar el acceso a la nacionalidad a los descendientes de españoles que sufrieron el exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia. Sin embargo, la instrucción emitida por el departamento de Puente amplía el espectro de medios de prueba, incluyendo «certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas» que estén relacionadas con el exilio.
Bajo este marco normativo, la instrucción establece una presunción de la condición de exiliado para todos aquellos españoles que abandonaron el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Para los desplazamientos ocurridos entre el 1 de enero de 1956 y la entrada en vigor de la Constitución de 1978, los solicitantes deben acreditar dicha condición mediante la documentación mencionada, lo que habilita a organizaciones como el PSOE a emitir certificados de validez administrativa para el proceso.
Esta flexibilización de los requisitos ha motivado la interposición de una querella por parte de la asociación Hazte Oír contra Sofía Puente. Los querellantes sostienen que la instrucción exime de la obligación legal de probar la causa real de la pérdida o renuncia de la nacionalidad, sustituyéndola por la mera salida del territorio nacional en fechas concretas. Según el texto de la querella, la dirección general habría «reescrito» la ley mediante una interpretación que califican de «artificio gramatical» para ampliar el acceso a la nacionalidad de forma presuntamente irregular.
Asimismo, la acción judicial pone el foco en la celeridad del proceso administrativo. La instrucción fue publicada el 25 de octubre de 2022, apenas cinco días después de que la Ley de Memoria Democrática apareciera en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La acusación argumenta que la complejidad del texto, de 18 páginas, sugiere que fue elaborado antes de la publicación oficial de la ley, lo que a su juicio evidenciaría una planificación previa para extender los efectos de la norma más allá de la voluntad del legislador.
El impacto demográfico y electoral de esta medida es significativo. Según datos facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la red consular española ha registrado hasta la fecha más de 2,4 millones de solicitudes de cita e intenciones de adquisición de nacionalidad. De estas gestiones, se han validado formalmente más de 1,2 millones de expedientes físicos que ya cuentan con la documentación requerida.
Hasta el momento, las oficinas consulares han aprobado 545.000 expedientes, de los cuales 310.000 personas ya han completado el trámite definitivo de inscripción en el Registro Civil Consular. De mantenerse el ritmo actual de tramitación, las proyecciones indican que para el próximo año aproximadamente 600.000 nuevos ciudadanos podrían estar incorporados al Censo de los Electores Residentes-Ausentes (CERA), adquiriendo el derecho al voto en futuros procesos electorales en España.
