Macron rechaza el uso de fondos europeos para centros de deportación en terceros países
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha manifestado este viernes en Bruselas su firme rechazo a que el presupuesto de la Unión Europea financie la creación de centros de deportación en países fuera del territorio comunitario. El mandatario galo cuestionó la eficacia de este modelo y advirtió sobre las posibles vulneraciones de los derechos fundamentales que podrían derivarse de la externalización de la gestión migratoria, desmarcándose así de la propuesta respaldada por 19 de sus socios europeos.
Durante una comparecencia ante los medios, Macron expresó sus reservas sobre las denominadas «soluciones innovadoras», término empleado por el Ejecutivo de Ursula von der Leyen para referirse al traslado de migrantes a centros en terceros países mientras se tramita su expulsión. «Soy un gran defensor de la innovación, pero también tengo gran prudencia cuando se habla de innovar sobre los valores y derechos humanos», señaló el jefe de Estado francés, subrayando que este tipo de medidas podrían no encajar en los pilares fundacionales de la Unión Europea.
Esta postura se produce en un momento de tensión presupuestaria dentro del bloque. Durante las negociaciones sobre el próximo Marco Financiero Plurianual, una mayoría de Estados miembro acordó que se puedan destinar recursos del fondo «Global Europe» —destinado originalmente a la política exterior— para financiar estos centros. Francia, junto a España, ha mantenido una reserva crítica frente a este acuerdo, insistiendo en que el uso de dinero común para estos fines es improcedente.
El presidente francés cuestionó además la viabilidad logística y ética del modelo propuesto. «¿A qué país se enviarán? ¿Con qué derechos humanos contarán?», se preguntó Macron, tras afirmar que nunca ha visto «funcionar un centro en un país tercero» de manera efectiva. A su juicio, el debate actual pasa por transferir personas a cambio de incentivos económicos, una práctica que considera ajena a la identidad institucional de Europa.
Pese a su rechazo a los centros de externalización, Macron reafirmó su compromiso con una política migratoria común que reduzca los flujos de migración irregular. El mandatario abogó por fortalecer los procedimientos internos y agilizar los retornos de aquellas personas que no obtengan el estatus de asilo, pero siempre dentro de los marcos legales y territoriales de la Unión Europea.
Finalmente, el Gobierno francés aclaró que, si bien respeta las decisiones soberanas de cada nación para implementar sus propias políticas migratorias a nivel nacional, Francia no pondrá en práctica este modelo ni apoyará que el presupuesto comunitario sufrague proyectos que deleguen la custodia de migrantes en gobiernos extranjeros. Con esta declaración, París se alinea con las voces que reclaman una gestión migratoria basada en el cumplimiento estricto de los tratados internacionales de derechos humanos.
