jueves, noviembre 19, 2026
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Madrid obliga a adaptar clases por la huelga de docentes

La Comunidad de Madrid dicta instrucciones para garantizar la neutralidad y el refuerzo educativo ante las huelgas

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha emitido dos instrucciones dirigidas a los centros educativos públicos no universitarios con el objetivo de asegurar la neutralidad institucional y establecer medidas de refuerzo pedagógico frente a los paros convocados desde el pasado 14 de octubre. El documento, firmado por el viceconsejero de Política y Organización Educativa, José Carlos Fernández Borreguero, subraya que la función del centro docente es educar y no adoctrinar, estableciendo un protocolo para minimizar el impacto de las jornadas de huelga en el proceso de aprendizaje del alumnado.

En el ámbito de la neutralidad docente, las directrices prohíben expresamente al profesorado transmitir opiniones políticas, ideológicas, partidistas o sindicales con el fin de que los alumnos las compartan. Asimismo, queda restringido el uso de clases, tutorías, exámenes o actividades complementarias para captar apoyos en conflictos de cualquier naturaleza. La normativa extiende estas limitaciones a los canales de comunicación institucional, como Raíces, Roble o EducaMadrid, que no podrán emplearse para la difusión de manifiestos o posicionamientos de parte.

Respecto a la exhibición de elementos simbólicos, la instrucción veta la colocación de pancartas, carteles o propaganda en fachadas, vallas y espacios comunes, a excepción de los espacios sindicales habilitados. No obstante, la Consejería aclara que el uso individual de prendas, chapas, lazos u otros distintivos personales por parte del personal no se considerará un incumplimiento por sí solo, siempre que no se acompañe de actuaciones prohibidas dirigidas a los estudiantes. Los docentes podrán responder a las consultas de los alumnos sobre el conflicto de forma objetiva, breve y adaptada a su edad.

En cuanto a la organización académica, los centros disponen de un plazo de cinco días lectivos para contabilizar las sesiones no impartidas desde el inicio de las movilizaciones. A partir de este diagnóstico, los departamentos didácticos deberán identificar los «aprendizajes imprescindibles» y reorganizar los contenidos en el tiempo lectivo restante. Para aquellos alumnos que presenten retrasos significativos, se prevén planes individuales de seguimiento, refuerzo de la acción tutorial y materiales de trabajo autónomo, permitiendo a las direcciones de los centros solicitar recursos adicionales a su Dirección de Área Territorial (DAT) si fuera necesario.

La Comunidad de Madrid ha establecido como prioridad absoluta al alumnado que se encuentra en cursos de final de etapa o que conducen a titulación, tales como 6º de Primaria, 4º de ESO, 2º de Bachillerato y los últimos niveles de Formación Profesional. En el caso específico de 2º de Bachillerato, se priorizarán los contenidos con mayor peso en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Para los cursos que no finalizan etapa, los contenidos que no puedan abordarse durante el presente año académico se recogerán para ser tratados al comienzo del próximo curso.

Las instrucciones aclaran que, en respeto al derecho constitucional, no se obligará al personal que haya ejercido la huelga a recuperar las sesiones no impartidas ni a realizar horas fuera de su horario habitual. Por su parte, los docentes que atiendan a grupos durante los paros no podrán avanzar en la programación del profesor ausente. El cumplimiento de estas medidas será supervisado mediante informes mensuales enviados a las DAT, los cuales se elaborarán con datos agregados y sin identificar nominalmente a los docentes que hayan ejercido su derecho a la huelga.

Finalmente, la Consejería habilita a las familias, alumnos y personal para comunicar posibles incumplimientos de estas instrucciones a la dirección del centro o a la Administración. La Inspección Educativa será la encargada de realizar las valoraciones pertinentes en un plazo orientativo de diez días hábiles, garantizando que se mantengan los criterios de evaluación, promoción y titulación vigentes, aunque permitiendo la adaptación de los instrumentos de evaluación a las circunstancias derivadas de la interrupción de las clases.

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