El Gobierno regional de Madrid tacha de «traición» la suspensión de la orden de detención contra Puigdemont
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha manifestado este miércoles su rechazo ante la decisión judicial que permite el posible regreso a España del expresidente catalán, Carles Puigdemont, sin riesgo de detención inmediata. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz regional ha calificado la situación de «impunidad» y ha dirigido duras críticas tanto al Gobierno central como al presidente del Tribunal Constitucional.
La reacción institucional se produce después de que el Tribunal Supremo haya dejado sin efecto la orden nacional de detención que pesaba sobre el líder de Junts. Esta resolución del Supremo es consecuencia directa del reciente aval del Tribunal Constitucional a la aplicación de la Ley de Amnistía para el delito de malversación vinculado al ‘procés’, un marco legal que, según el Ejecutivo autonómico madrileño, supone una vulneración de los principios de igualdad ante la ley.
Durante su intervención, García Martín ha cuestionado la actuación del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, a quien ha acusado de «manchar la toga» para facilitar el retorno de Puigdemont. El consejero ha sostenido que la actual legislatura está marcada por lo que define como una «traición a los españoles», argumentando que el texto legislativo tiene como único fin el mantenimiento del apoyo parlamentario de las formaciones independentistas.
«Es la legislatura más corrupta de la historia de nuestro país, para satisfacer a los golpistas a cambio de votos», ha afirmado el consejero de Presidencia. Según García Martín, el hecho de que el expresidente catalán pueda eludir la acción de la justicia tras años de residencia en el extranjero y tras haber asegurado que «volvería a hacerlo» constituye un agravio para el Estado de Derecho.
Finalmente, el representante del Gobierno madrileño ha insistido en que el proceso de amnistía representa un intercambio de «votos por impunidad», lamentando que la normalización de la situación jurídica de los implicados en el proceso secesionista se produzca bajo estas condiciones. La postura de la Comunidad de Madrid se alinea así con la línea crítica mantenida por la administración de Isabel Díaz Ayuso frente a los pactos de investidura y las medidas de gracia otorgadas por el Ejecutivo nacional.
