La Comunidad de Madrid denuncia ante la Fiscalía amenazas e insultos contra la presidenta regional

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha interpuesto este miércoles una denuncia formal ante la Fiscalía Provincial por los presuntos delitos de odio, amenazas e injurias dirigidos contra la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso. La acción legal se fundamenta en los hechos registrados durante las concentraciones en la Puerta del Sol, donde se han documentado cánticos, pancartas y expresiones de carácter ofensivo que, según el Ejecutivo regional, incitan a la violencia y hostilidad contra la jefa del Ejecutivo.

La Abogacía General de la Comunidad de Madrid considera que las actuaciones descritas podrían ser constitutivas de delitos de amenazas, recogidos en el artículo 169.2 del Código Penal, así como de injurias graves con publicidad y delitos de odio. La denuncia incluye una recopilación detallada de consignas en las que se desea la muerte de la presidenta o se incita al ataque contra su vivienda, elementos que, a juicio de los servicios jurídicos, superan el ejercicio de la libertad de expresión para entrar en el ámbito de lo delictivo.

Dentro de los hechos específicos señalados, destaca el incidente ocurrido la noche del 30 de septiembre. Según el escrito, un grupo de personas proyectó la imagen del rostro de Díaz Ayuso tachado con una línea roja sobre la fachada de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional. Este acto se suma a una serie de pintadas y pegatinas con mensajes de carácter humillante que han sido adjuntadas como prueba documental ante el Ministerio Público.

La denuncia también hace mención expresa a los daños materiales ocasionados en el patrimonio público y en elementos de alto valor histórico calificados como Bienes de Interés Cultural (BIC). Entre los bienes afectados se encuentran la estatua del Oso y el Madroño, la escultura ecuestre de Carlos III y la propia fachada de la Real Casa de Correos. A estos daños se añaden desperfectos en el mobiliario urbano, como farolas, marquesinas y el pavimento de la plaza, con el consiguiente perjuicio económico para la administración pública.

Como medida inmediata, el Gobierno madrileño ha solicitado a la Fiscalía que se proceda al acceso y conservación de las grabaciones de las cámaras de videovigilancia situadas en la Puerta del Sol y en los establecimientos comerciales de las inmediaciones. Asimismo, se ha pedido la recopilación de los partes de intervención de las fuerzas de seguridad y la plena identificación de los individuos que hayan participado en estos actos de vandalismo y hostigamiento institucional.

Finalmente, el Ejecutivo autonómico sostiene que estos hechos se están produciendo de manera continuada, incrementándose la gravedad de las expresiones utilizadas. Por ello, instan a la Fiscalía a impulsar las diligencias necesarias para esclarecer las responsabilidades penales derivadas de unas conductas que, aseguran, atentan contra la dignidad de la institución y fomentan un clima de hostilidad social.