La Comunidad de Madrid urge a la Delegación del Gobierno a tramitar la reagrupación de 134 menores extranjeros
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha solicitado formalmente al delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, la activación de los procedimientos administrativos para la reagrupación familiar de 134 menores extranjeros no acompañados. A través de una misiva, el Ejecutivo autonómico denuncia la «falta de actuación» de la Administración central ante los expedientes remitidos desde marzo, los cuales cuentan con una valoración individualizada previa de los servicios técnicos de protección.
Según traslada la Consejería, la dilación en los trámites ha provocado que 53 de los 134 jóvenes hayan alcanzado ya la mayoría de edad, lo que imposibilita legalmente la ejecución de los procedimientos de reunificación familiar. Dávila advierte en el escrito que el paso del tiempo genera «consecuencias irreversibles» y frustra la finalidad de estas solicitudes, que buscan el retorno de los menores a sus familias o su integración en el sistema de protección de sus países de origen, siempre bajo el criterio del interés superior del menor.
El informe técnico que acompaña la reclamación de la Comunidad de Madrid detalla que los menores incluidos en estos expedientes acumulan un total de 382 incidencias relacionadas con la convivencia y 268 denuncias ante las autoridades. El desglose de los datos indica que 25 de estos jóvenes han sido denunciados por robos y más de 40 por delitos de hurto. Asimismo, se registran denuncias por amenazas, lesiones, delitos sexuales y tenencia ilícita de armas, situaciones que, a juicio de la Consejería, requieren una respuesta «urgente e individualizada» para evitar la consolidación de dinámicas delictivas.
La administración regional subraya que la respuesta ante estos casos debe ser «educativa y protectora», fundamentada en un entorno familiar que favorezca la evolución y recuperación de los jóvenes, especialmente en aquellos que presentan problemas de salud mental. La consejera Dávila sostiene que la ausencia de una respuesta administrativa tras las intervenciones policiales genera una «percepción de impunidad» que perjudica tanto al proceso de integración de los menores afectados como al resto de jóvenes bajo tutela autonómica.
En el plano administrativo, el Gobierno autonómico recuerda que el pasado 27 de mayo dirigió un requerimiento formal a la Delegación del Gobierno para aclarar si se procedería a la incoación de los expedientes. Hasta la fecha, según consta en la documentación de la Consejería, no se ha recibido contestación expresa a dicho escrito. La normativa vigente atribuye a la Delegación del Gobierno la competencia para iniciar estos procesos, ya sea a instancia de la entidad de protección o de oficio, competencia que el Ejecutivo de Madrid reclama que se ejerza «con eficacia».
Finalmente, la consejera ha comparado la situación con la gestión realizada en Ceuta, donde el Gobierno de España ha manifestado que la prioridad es el retorno de los menores con sus familias. Dávila insta a que este mismo criterio se aplique con celeridad en el resto de las comunidades autónomas para evitar situaciones de desarraigo y vulnerabilidad extrema al alcanzar la mayoría de edad. La Comunidad de Madrid ha reafirmado su intención de agotar todas las vías para asegurar el cumplimiento de la legalidad vigente en materia de protección de menores.
