La Comunidad de Madrid reclama a la Delegación del Gobierno los costes de la acampada en la Puerta del Sol
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado este miércoles el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial contra la Delegación del Gobierno en Madrid. El objetivo es reclamar formalmente los gastos y perjuicios económicos derivados de la acampada por el derecho a la vivienda que permaneció instalada en la Puerta del Sol durante 38 días.
El portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García Martín, detalló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la movilización ha supuesto un coste directo de 750.000 euros para la empresa pública Metro de Madrid. Esta cuantía se desglosa en el lucro cesante por la pérdida estimada de 494.000 viajeros y en los gastos extraordinarios destinados a los refuerzos de seguridad y limpieza en la estación del suburbano.
Además de los costes asumidos por la administración pública, el Ejecutivo autonómico ha puesto el foco en el impacto sobre el sector privado. Según las estimaciones ofrecidas por García Martín, los comercios de la zona han registrado pérdidas superiores a los 30 millones de euros, una situación que, según sus palabras, ha amenazado la estabilidad del empleo en los establecimientos del centro de la capital.
Durante su intervención, el portavoz regional calificó la protesta de «ilegal» y lamentó que la Puerta del Sol haya estado «secuestrada» durante más de un mes. La administración autonómica fundamenta su reclamación en la falta de actuación previa por parte de la autoridad estatal para garantizar el uso público del espacio y la actividad económica habitual de la zona.
No obstante, el portavoz quiso agradecer a la nueva delegada del Gobierno, Pilar Trinidad, la instrucción dada el pasado martes para proceder al desalojo definitivo de la plaza. Esta intervención se produjo tras los informes que señalaban la comisión de hechos delictivos en el entorno de la acampada, lo que finalmente motivó la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Con la apertura de este procedimiento de responsabilidad patrimonial, la Comunidad de Madrid busca que la Delegación del Gobierno asuma las consecuencias financieras de una situación que, según el Gobierno regional, se prolongó de manera excesiva afectando tanto a las arcas públicas como al tejido productivo madrileño.
