La Comisión Jurídica Asesora avala la extinción de la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo Vallecano
La Comunidad de Madrid ha recibido el aval preceptivo de la Comisión Jurídica Asesora para extinguir la concesión demanial del Estadio de Vallecas al Rayo Vallecano. El órgano consultivo ha dictaminado, por unanimidad, que procede la resolución del contrato otorgado en 2019 tras quedar acreditados «incumplimientos relevantes» por parte de la entidad deportiva en materia de mantenimiento y seguridad de las instalaciones.
El dictamen establece que la medida resulta proporcionada debido a la existencia de «muy diversos incumplimientos» que afectan a la conservación, las inspecciones técnicas obligatorias y las condiciones generales de seguridad del recinto. Según fuentes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, el órgano sostiene que las deficiencias han quedado probadas de modo suficiente, validando así la vía administrativa emprendida por el Ejecutivo regional el pasado mes de julio.
A pesar de que el informe reconoce una mejora en el estado del estadio tras la incoación del expediente, la Comisión subraya que dichas subsanaciones posteriores no anulan la causa de extinción. Al contrario, el dictamen señala que las reparaciones ejecutadas por el club «vienen a confirmar la realidad» de los incumplimientos en el momento en que se inició el procedimiento, uno de los puntos de fricción técnica entre el Rayo Vallecano y la administración autonómica.
En cuanto al futuro inmediato del equipo, la Consejería ha garantizado que la extinción de la concesión no implicará la salida del Rayo Vallecano de su sede habitual. El consejero Mariano de Paco ha avanzado que se establecerá un «periodo transitorio» para asegurar que el conjunto franjirrojo continúe disputando sus partidos en el estadio hasta que se formalice un nuevo título concesional o régimen de uso.
El procedimiento administrativo cuenta con un plazo máximo de ocho meses para su resolución definitiva, a contar desde el 27 de julio. Tras este dictamen, la Comunidad de Madrid deberá completar los trámites correspondientes para formalizar la extinción. El Gobierno regional ha reiterado que el recinto mantendrá su titularidad pública y su uso deportivo, en el marco de un proyecto de reforma integral que la administración tiene previsto ejecutar en la infraestructura.
El conflicto se originó tras una primera auditoría que detectó graves deficiencias de salubridad y mantenimiento, lo que motivó una suspensión cautelar de la actividad en el estadio el pasado verano. Dicha suspensión fue levantada en septiembre tras comprobarse que las instalaciones volvían a ser operativas, aunque el expediente de extinción ha seguido su curso legal basándose en los incumplimientos previos de las obligaciones contractuales del concesionario.
