La Fiscalía de Nueva York formaliza cargos por tortura y narcoterrorismo contra Nicolás Maduro y Cilia Flores

La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York presentó este jueves una ampliación de cargos contra Nicolás Maduro y su cónyuge, Cilia Flores, bajo acusaciones de conspiración para cometer actos de tortura y narcoterrorismo. Según las autoridades judiciales de los Estados Unidos, las presuntas prácticas represivas ejecutadas por el gobierno venezolano han provocado un daño de alcance generacional en el país sudamericano y han afectado la integridad de ciudadanos estadounidenses.

Durante una comparecencia en la sede del tribunal federal neoyorquino, el fiscal principal James M. McDonald detalló que los señalados habrían recurrido a métodos sistemáticos de violencia, incluyendo asesinatos, descargas eléctricas y asfixia, con el objetivo de silenciar a la oposición política durante más de dos décadas. Estas declaraciones coinciden con el levantamiento del secreto de sumario sobre la acusación formal que pesa contra la cúpula del ejecutivo venezolano.

En el ámbito procedimental, la justicia estadounidense desestimó este jueves la solicitud de arresto domiciliario presentada por el equipo legal de Cilia Flores. La decisión judicial se produjo en un entorno de tensión en las inmediaciones del edificio de justicia, donde grupos de manifestantes se congregaron para expresar consignas a favor de la libertad de la ex primera dama, mientras el proceso avanzaba hacia una nueva fase de instrucción.

La acusación formal sostiene además que Maduro y Flores colaboraron activamente con carteles de narcotráfico y agrupaciones armadas irregulares con el propósito de introducir cargamentos de estupefacientes en los Estados Unidos. Según el Ministerio Público, esta trama criminal forma parte de una red de apoyo logístico y operativo que ha operado de forma continuada, involucrando diversas estructuras del Estado venezolano.

Finalmente, la Fiscalía de los Estados Unidos ratificó su determinación de continuar con las acciones legales pertinentes, subrayando que la persecución de estos delitos se mantendrá independientemente del tiempo transcurrido desde su comisión. El caso se suma a los expedientes previos abiertos por el Departamento de Justicia contra altos funcionarios del Gobierno de Venezuela por cargos similares relacionados con el crimen transnacional.