El Parlamento de Andalucía ha sido escenario este jueves de un intenso debate entre el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo. Durante la sesión de control al Ejecutivo autonómico, ambos líderes han confrontado sus visiones respecto a la política de vivienda y los mecanismos de fiscalización del gasto público, tras la reciente publicación de un informe de la Cámara de Cuentas sobre la contratación en la comunidad.
Antonio Maíllo ha centrado su intervención en la gestión habitacional, instando al Gobierno andaluz a aplicar de forma íntegra la Ley Estatal de Vivienda. El portavoz de Por Andalucía ha criticado el modelo de colaboración público-privada de la Junta, señalando que, a su juicio, esta estrategia favorece a intereses privados y fondos de inversión en lugar de garantizar el derecho a la vivienda. Asimismo, ha advertido de las consecuencias políticas que podría tener el voto en contra de los decretos de vivienda en el Congreso de los Diputados, los cuales contemplan prórrogas de contratos y medidas contra los desahucios.
Por su parte, Juanma Moreno ha rechazado las acusaciones y ha cuestionado la coherencia política de Izquierda Unida en su relación con el Gobierno central. El presidente andaluz ha señalado que el grupo de Maíllo ha perdido autonomía frente al PSOE y ha argumentado que las críticas recibidas no se corresponden con la realidad de la gestión administrativa. Moreno ha defendido que su Ejecutivo mantiene una postura firme en defensa de los intereses de Andalucía frente a las normativas estatales que considera invasivas o ineficaces.
La controversia técnica ha girado en torno al último informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Maíllo ha denunciado el que considera un «fracaso del modelo» de control posterior, señalando que la Junta aplicó una fiscalización a posteriori sobre casi 38.000 millones de euros entre los años 2020 y 2024. Según el portavoz de Por Andalucía, este sistema habría facilitado un uso incorrecto de la figura del contrato menor en la administración autonómica.
En respuesta, el presidente Moreno ha matizado las conclusiones del órgano fiscalizador, asegurando que el informe no cuestiona el destino de los fondos ni recomienda retornar al modelo de fiscalización previa de forma generalizada. El jefe del Ejecutivo ha defendido la implementación del Sistema Integral de Contratación Electrónica y el Decreto Ley de Agilización Administrativa como herramientas para mejorar la eficiencia y la transparencia en la gestión pública.
Finalmente, Moreno ha apelado al historial de gestión de Izquierda Unida en la comunidad, recordando que, bajo el gobierno de coalición con el PSOE en 2013, la Cámara de Cuentas detectó facturas pendientes de pago a proveedores por valor de más de 1.100 millones de euros. Con este argumento, el presidente ha instado a la oposición a mantener un análisis equilibrado de los informes técnicos y a valorar los avances en la modernización administrativa de la última legislatura.
