Correos inicia la gestión de la regularización extraordinaria de inmigrantes ante las críticas sindicales por la falta de formación
Un millar de empleados de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos ha comenzado esta semana a participar en el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes impulsado por el Gobierno. El despliegue, que afecta a 371 oficinas situadas en capitales de provincia y grandes municipios, ha generado una reacción crítica entre la plantilla y las principales organizaciones sindicales (CCOO, UGT, CSIF y CGT), quienes denuncian una formación insuficiente y una sobrecarga operativa en un momento de reducción de personal base.
Los trabajadores seleccionados para esta tarea han recibido un programa formativo calificado de «exprés» por los afectados. Según fuentes internas, la instrucción consistió en el visionado de un vídeo de 36 minutos remitido por la dirección de Comercio Minorista el pasado viernes por la noche, con el objetivo de iniciar los trámites el lunes siguiente. Los empleados señalan que el contenido no ofrece la seguridad jurídica necesaria para realizar labores que, según su criterio, corresponden a los departamentos de Migraciones y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La operatividad del proceso se concentra en oficinas de localidades con más de 50.000 habitantes, donde se han habilitado citas previas con un intervalo de veinte minutos por gestión. No obstante, el personal de ventanilla reporta fallos en las aplicaciones informáticas y una acumulación de retrasos que dificulta el servicio habitual de la correspondencia y paquetería. Los sindicatos han solicitado un refuerzo de la plantilla de entre el 30% y el 40% para afrontar esta nueva carga de trabajo sin comprometer la calidad del servicio postal universal.
Desde las organizaciones sindicales se habla de «improvisación» y «falta de planificación» por parte de la dirección. Además de la carga técnica, los trabajadores han expresado su preocupación por la seguridad en las oficinas, ante las posibles tensiones que puedan derivarse de la complejidad de los trámites y los tiempos de espera. Por su parte, la dirección de Correos defiende la idoneidad del personal y de los medios dispuestos para colaborar en este procedimiento administrativo de calado gubernamental.
Esta nueva competencia se asigna en un contexto financiero y estructural complejo para la compañía estatal. Bajo la presidencia de Pedro Saura, Correos reportó un beneficio de 14,4 millones de euros al cierre de 2025, tras años de pérdidas millonarias durante la etapa anterior. Sin embargo, estos resultados están condicionados por una inyección de 400 millones de euros de fondos públicos y la aprobación de un Plan Estratégico 2024-2028 que contempla una inversión de 3.000 millones de euros por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
A nivel de recursos humanos, la compañía atraviesa una transformación en la composición de su nómina. En los últimos tres años, la plantilla operativa —carteros, clasificadores y personal de atención al cliente— ha disminuido en 476 efectivos, situándose en 40.721 empleados. En contraste, los puestos de dirección, técnicos superiores y personal fuera de convenio han aumentado en 250 plazas durante el mismo periodo, alcanzando los 7.500 puestos de responsabilidad.
El conflicto laboral surge en un periodo donde Correos busca diversificar sus ingresos ante la caída del mercado postal tradicional y la fuerte competencia en el sector de la logística. La participación en la regularización de extranjeros se suma así a otros servicios de proximidad y trámites administrativos que la operadora ha ido asumiendo para aprovechar su capilaridad territorial, aunque la plantilla insiste en que estas nuevas atribuciones requieren de una compensación en recursos y una formación técnica mucho más profunda.
