La Cámara de Diputados de Italia aprueba el decreto de seguridad bajo compromiso de reforma constitucional
La Cámara de Diputados de Italia otorgó este miércoles su respaldo definitivo al decreto de seguridad impulsado por el Gobierno de Giorgia Meloni, tras la superación de una cuestión de confianza. La norma fue validada con 203 votos a favor, 117 en contra y tres abstenciones, cumpliendo así con el plazo legal de 60 días para su convalidación parlamentaria antes de que el texto decayera el próximo 25 de abril.
Pese a la aprobación del articulado original, el Ejecutivo ha contraído el compromiso formal de tramitar una modificación legislativa inmediata para atender las dudas de inconstitucionalidad señaladas por el presidente de la República, Sergio Mattarella. El Gobierno optó por esta vía ante la falta de tiempo material para introducir enmiendas antes del vencimiento del decreto ley, garantizando así la vigencia de las medidas generales mientras se prepara un texto correctivo ad hoc.
El punto central del conflicto jurídico se encuentra en la regulación de la asistencia legal para inmigrantes en procesos de repatriación voluntaria asistida. El texto actual condiciona el pago de los honorarios de los abogados al éxito de la repatriación, una fórmula que la Jefatura del Estado y diversos sectores jurídicos consideran contraria a los principios constitucionales. La Asociación de Estudios Jurídicos sobre la Inmigración (ASGI) y el Consejo Nacional Forense (CNF) manifestaron su rechazo al considerar que la retribución profesional no puede estar supeditada al resultado administrativo del procedimiento.
Para solventar esta situación, el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, confirmó que el Consejo de Ministros prevé aprobar antes de este viernes una nueva redacción. La reforma prevista ampliará el alcance de los pagos no solo a abogados, sino también a mediadores y asociaciones, asegurando el abono de los servicios prestados independientemente de que el proceso de repatriación llegue a término, alineándose así con los requerimientos del Quirinal.
El paquete legislativo aprobado incluye, asimismo, un endurecimiento significativo de las políticas de orden público y seguridad ciudadana. Entre las medidas destacan la autorización de la detención preventiva por un periodo de hasta 12 horas para personas consideradas peligrosas antes de manifestaciones públicas y la posibilidad de que la Policía ordene a sospechosos comparecer en comisaría durante el transcurso de las mismas. El incumplimiento de estas órdenes podrá acarrear penas de prisión de entre cuatro meses y un año.
En materia de seguridad ciudadana, la nueva normativa prohíbe la venta de armas blancas a menores y establece penas de hasta tres años de cárcel por el porte de hojas superiores a ocho centímetros. Además, se introduce un marco de protección reforzada para el personal sanitario y docente, equiparando las agresiones contra estos profesionales con los ataques a la autoridad, lo que eleva las penas potenciales hasta los 16 años de prisión. El decreto también tipifica como delito la huida de controles policiales cuando se ponga en riesgo la seguridad pública, con arresto inmediato y penas de hasta cinco años.
